La EPA ya no calculará las vidas que se salvan gracias a las restricciones a la contaminación atmosférica

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anunció un giro significativo en la forma en que evalúa las normas sobre contaminación del aire. A partir de ahora, el organismo aún reconocerá y describirá los impactos de la contaminación en la salud humana —como muertes prematuras evitadas o la reducción de enfermedades respiratorias—, pero esos efectos ya no se traducirán en cifras económicas dentro de los análisis de costo-beneficio. En cambio, las evaluaciones regulatorias se enfocarán en los costos que enfrentan las empresas para cumplir con las normas ambientales.

La decisión afecta a las regulaciones sobre las partículas finas (PM₂,₅) y el ozono a nivel del suelo, dos de los contaminantes más peligrosos y extendidos en el país, y ha provocado una fuerte reacción de expertos en salud pública, científicos y organizaciones ambientales.

El cambio, revelado inicialmente por The New York Times y confirmado en documentos regulatorios recientes, forma parte del enfoque que se le ha dado a la política ambiental bajo la Administración de Donald Trump, caracterizada por priorizar los intereses industriales y una menor atención a varias normas diseñadas para proteger la salud pública y el medio ambiente.

Funcionarios de la EPA sostienen que la modificación no implica ignorar los efectos de la contaminación, sino reconocer las limitaciones de los modelos económicos utilizados hasta ahora. En comunicaciones oficiales, la agencia ha insistido en que “no monetizar no equivale a no considerar ni a no valorar el impacto en la salud humana”. El Administrador de la EPA, Lee Zeldin, afirmó que la agencia aún tomará en cuenta las vidas salvadas al fijar límites a la contaminación, aunque sin asignarles un valor en dólares.

Durante décadas, la monetización de los beneficios sanitarios fue un pilar del enfoque regulatorio de la EPA. Al estimar el valor económico de hospitalizaciones evitadas, días laborales no perdidos y muertes prematuras prevenidas, la agencia pudo demostrar que muchas normas de calidad del aire generaban beneficios netos de miles de millones de dólares, incluso cuando los costos para la industria eran elevados.

Bajo la Administración de Joe Biden, por ejemplo, la EPA calculó que el endurecimiento de los límites sobre las PM₂,₅ podría evitar hasta 4.500 muertes prematuras y 290.000 días de trabajo perdidos en 2032. Según esas estimaciones, por cada dólar invertido en reducir este contaminante, los beneficios en salud podían alcanzar hasta 77 dólares.

La actual Administración considera que esas cifras transmiten una falsa sensación de precisión. En un reciente análisis de impacto económico, la EPA argumentó que sus evaluaciones anteriores otorgaban al público una confianza excesiva en los beneficios monetizados de la reducción de PM₂,₅ y ozono, pese a las incertidumbres científicas, especialmente en un contexto de disminución general de las emisiones.

Para “corregir este error”, señala el documento, la agencia dejará de monetizar los beneficios asociados a estos contaminantes hasta contar con modelos que considera más confiables.

Las preocupaciones se intensificaron tras la publicación de una nueva norma sobre emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) provenientes de turbinas de gas en centrales eléctricas. Aunque estos contaminantes contribuyen a la formación de smog y partículas finas asociadas a enfermedades cardíacas y pulmonares, la versión final de la regla es menos estricta que la propuesta durante la Administración Biden y, en algunos casos, debilita protecciones vigentes desde hace dos décadas. El análisis que acompaña la norma no incluye ninguna valoración económica de los beneficios sanitarios derivados de la reducción de la contaminación.

Advertencias

Científicos y especialistas en salud pública subrayan que los efectos de las PM₂,₅ y el ozono están ampliamente documentados. Las partículas finas pueden penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de asma, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y muerte prematura. Estudios recientes también vinculan la exposición a PM₂,₅ con bajo peso al nacer y otros problemas de salud.

Aunque la calidad del aire en Estados Unidos ha mejorado desde la aprobación de la Ley de Aire Limpio en 1970, persisten focos de contaminación, especialmente en comunidades de bajos ingresos y minorías, que ya soportan cargas desproporcionadas de enfermedad.

Algunos expertos señalan que el impacto legal del cambio aún está por verse. La Ley de Aire Limpio exige que los estándares nacionales de calidad del aire se basen en criterios de salud pública, no en costos económicos. Aunque la EPA seguirá cuantificando los impactos sanitarios, eliminar su traducción monetaria podría generar más litigios y dejar a los tribunales con evaluaciones incompletas.

También han surgido inquietudes en el plano internacional. Durante años, los métodos de la EPA han servido como referencia global para evaluar los costos y beneficios de la contaminación atmosférica. Abandonar la monetización de los impactos en la salud, advierten expertos, podría debilitar estándares ambientales en otros países.