¿Cuánto consume un centro de datos? Una ley europea a la medida de las grandes tecnológicas impide saberlo

Microsoft y DigitalEurope, un grupo de presión entre cuyos miembros se encuentran Amazon, Google y Meta, lograron una cláusula de confidencialidad en la legislación de la UE para bloquear el acceso público a información fundamental sobre el impacto medioambiental de cada centro de datos, según ha podido revelar una investigación liderada por Investigate Europe en la que han participado EL PAÍS y medios como The Guardian y Le Monde.

La Comisión Europea recopila datos clave sobre centros de datos, como la eficiencia energética y el consumo de agua. Sin embargo, la información sobre la huella ambiental de cada instalación no es de acceso público. Eso es así después de que la industria presionara para modificar la legislación de 2024 con el fin de clasificarla como confidencial y comercialmente sensible.

La Comisión animó a los Estados miembros de la UE a rechazar las solicitudes públicas de información, como muestra un correo electrónico enviado a principios de 2025 compartido con Investigate Europe. En ese mensaje, un alto cargo de la Comisión insistió a las autoridades nacionales en que estaban “obligadas a mantener la confidencialidad de toda la información y los indicadores clave de rendimiento de cada centro de datos particular”.

La cláusula de confidencialidad es una de las varias excepciones favorables a las empresas que la industria presionó para añadir a la normativa de la UE, según ha descubierto Investigate Europe. Tal y como aseguran al menos diez destacados juristas consultados para esta información, esa cláusula podría violar las normas de transparencia de la UE: en concreto, puede infringir las obligaciones del Convenio de Aarhus, un tratado internacional sobre el acceso a la información medioambiental.

“No recuerdo ningún caso comparable en las últimas dos décadas”, explica el profesor Jerzy Jendrośka, quien formó parte durante 19 años del órgano encargado de supervisar el Convenio de Aarhus e imparte clases de Derecho medioambiental en la Universidad de Opole, en Polonia. “Esto parece no ajustarse a lo establecido en el convenio”, añade.

Presiones exitosas

Europa está construyendo centros de datos a un ritmo vertiginoso, con una inversión prevista de 176.000 millones de euros en los próximos cinco años. Esta carrera ha desatado una preocupación generalizada por la contaminación y el intenso consumo de energía, así como por el impacto en las comunidades y los hábitats naturales.

Un intento de regular el sector fue la revisión de 2023 de la Directiva de Eficiencia Energética de la UE, que obligaba a los operadores a comunicar datos sobre indicadores clave de rendimiento, como el consumo de energía y de agua. Poco después, la Comisión elaboró instrucciones más detalladas sobre las nuevas obligaciones. En diciembre de 2023, se distribuyó un primer borrador en el que se establecía que los datos debían “publicarse de forma agregada”.

A continuación, el ejecutivo de la UE recabó las observaciones de las partes interesadas, siguiendo el proceso consultivo habitual. A principios de 2024, Microsoft y DigitalEurope presentaron sus comentarios: ambas sugirieron un nuevo artículo que clasificara como confidencial toda la información relativa a los centros de datos, alegando intereses comerciales. Querían ir más allá de la propuesta inicial de la Comisión y garantizar que ni siquiera se pudiera acceder a los datos mediante solicitudes de acceso a la información.

Cuando la Comisión publicó el texto definitivo en marzo de 2024, el artículo que habían propuesto se había incorporado casi palabra por palabra. El texto definitivo del artículo 5 exige que “la Comisión y los Estados miembros afectados mantengan la confidencialidad de toda la información y los indicadores clave de rendimiento de los centros de datos individuales. Dicha información se considerará información confidencial que afecta a los intereses comerciales de los operadores y propietarios de centros de datos”.

Como resultado, solo se hacen públicos datos generales a escala nacional, mientras que la información sobre el impacto concreto de cada centro de datos no es accesible para las comunidades afectadas, los académicos, los periodistas y el público en general. Un ejemplo más de cómo la industria “intensifica sus esfuerzos de presión para influir en la legislación de la UE”, afirma Bram Vranken, investigador del Corporate Europe Observatory, una ONG con sede en Bruselas. “El hecho de que la Comisión haya copiado y pegado una enmienda de Microsoft es escandaloso”, opina.

Conflicto legal

Los expertos jurídicos consultados señalan que la cláusula contraviene la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio de Aarhus, que garantiza el acceso público a la información medioambiental, como los datos sobre emisiones. Luc Lavrysen, presidente del Tribunal Constitucional belga y profesor emérito de Derecho Ambiental en la Universidad de Gante, sostiene que la cláusula de confidencialidad general “incumple claramente” las normas de transparencia de la UE y el Convenio de Aarhus.

Kristina Irion, profesora asociada de Derecho de la Información en la Universidad de Ámsterdam, lo interpreta de la misma forma: la “presunción generalizada de confidencialidad” favorece indebidamente los intereses corporativos frente al acceso público de los datos. “Debería determinarse caso por caso lo que merece protección como información confidencial que afecta a los intereses comerciales de las empresas de centros de datos”, dice.

Fuentes de la Comisión Europea afirman que la confidencialidad siempre ha formado parte de su propuesta, aunque rechazan hacer declaraciones sobre el asunto. Un funcionario de la UE, bajo condición de anonimato, señala: “durante la consulta recibimos muchos comentarios sobre el tema, analizamos las opiniones recibidas y adoptamos un texto que las reflejara, como es habitual”. Microsoft, por su parte, ha remitido un mensaje de un portavoz donde asegura estar “trabajando para aumentar la transparencia y a la vez proteger información comercial confidencial”. DigitalEurope prefirió no hacer comentarios.

La postura interna de la Comisión, según fuentes involucradas en el asunto, es que hacer pública la información de cada centro de datos podría provocar que los operadores dejaran de informar a pesar de sus obligaciones. Sin embargo, según los propios datos de la UE, solo el 36% de los centros de datos (unas 770 instalaciones) han presentado informes hasta la fecha, y la propia Comisión sostiene que solo el 80% de los datos comunicados se consideran “precisos y fiables”.

El sector tiene “un interés real en mantener ocultas las cifras”, dice Alex de Vries, investigador de la Universidad Libre de Ámsterdam. De Vries ha publicado varios estudios en los que intenta cuantificar la huella medioambiental de la IA, pero estos se han basado principalmente en datos agregados. “La información pública es extremadamente limitada. Normalmente hay que hacer malabarismos para obtener cualquier cifra”, añade. “La información que estamos consiguiendo nosotros sobre la ampliación de los centros de datos de Amazon en Aragón procede básicamente del procedimiento contencioso administrativo que tenemos en marcha”, sostiene por su parte Enol Nieto, investigador de la Universitat de Vic especializado en conflictos socioambientales.

La cláusula de confidencialidad no es el único rastro de la influencia del sector en las leyes relativas a los centros de datos. En diciembre, la Comisión Europea presentó un anteproyecto de ley para acelerar las evaluaciones de impacto ambiental exigidas por la UE para los grandes proyectos de construcción, entre los que se incluyen muchos de los proyectos de centros de datos de mayor envergadura. La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia destinada a reducir la carga burocrática que soportan las empresas. El texto del proyecto de ley, actualmente en fase de revisión, establece plazos de respuesta estrictos para las autoridades competentes, limita a 90 días el periodo de consulta a la comunidad y podría permitir que las solicitudes de alta prioridad se tramiten por vía rápida en determinados trámites administrativos.

El Ministerio de Transición Ecológica ha preferido no hacer comentarios sobre los detalles de la Directiva de Eficiencia Energética. Fuentes del departamento señalan, sin embargo, que el Real Decreto 7/2026 de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, abre la puerta a establecer “requisitos de sostenibilidad ambiental y energética” adicionales a los centros de datos.

Aragón, el ejemplo para las toda Europa

Un documento obtenido mediante una solicitud de acceso a la información revela que Microsoft se reunió con un funcionario de la UE a finales de octubre para debatir sobre la “concesión de permisos”, y que la empresa abogó por “limitar los plazos”. Microsoft consideraba que la “simplificación de los procedimientos de concesión de permisos era un factor clave”, según escribió la empresa en un correo electrónico a la Comisión Europea.

Durante meses, Microsoft y Amazon se contaron entre las empresas que presionaban públicamente para acelerar los procesos de concesión de permisos de urbanismo. Ambas señalaron el enfoque de “ventanilla única” de Aragón para los trámites medioambientales. La comunidad autónoma se ha convertido en un importante centro europeo de centros de datos, concentrando una inversión de Amazon de más de 33.000 millones de euros en infraestructura de inteligencia artificial y en la nube.

Las nuevas normas de la región, favorables a los inversores, han sido criticadas por activistas locales por permitir que operadores como Amazon “modifiquen la calificación urbanística de los terrenos, eludan impuestos y plazos, con escasa participación ciudadana”. El PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón), el instrumento legal usado por el gobierno regional para acelerar los trámites legales, ha sido llevado a los tribunales por Ecologistas en Acción Aragón en colaboración con otras asociaciones y académicos por presentar un modelo de expansión descontrolado de los centros de datos. Ni Amazon ni Microsoft respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los abogados de la organización sin ánimo de lucro Client Earth advirtieron de que unos plazos tan estrictos darían lugar a evaluaciones “precipitadas y superficiales”. Las consecuencias de estos cambios las sufrirán sobre todo quienes se encuentren más cerca de la creciente red de centros de datos de Europa.

La Comisión tiene previsto publicar puntuaciones de sostenibilidad que abarquen una serie de indicadores para cada centro de datos. Se trata de un paso adelante, pero la gran mayoría de la información que faciliten los operadores seguirá siendo confidencial, protegida por la misma cláusula que la industria redactó para sí misma.

_

Han colaborado en esta información Pascal Hansens, Chris Matthews y Daniele Grasso. Es parte de una investigación coordianda por Investigate Europe y en la que participamos EL PAÍS, The Guardian, Le Monde, Altreconomia, The Journal y Tech Policy Press. Estamos trabajando en nuevas historias sobre el impacto de los centros de datos en Europa: si tienes información, puedes escribir a dgrasso@elpais.es, mgonzalez@elpais.es o (correo seguro) narrativas_visuales_ep@proton.me.