Francia ha enviado 400.000 avisos por descargas

Las autoridades que aplican la ley Hadopi contra las descargas consideradas ilegales en Francia han remitido 400.000 avisos desde que la ley entró en vigor en octubre del año pasado. Las sociedades de gestión de derechos remiten diariamente a las autoridades unas 50.000 direcciones IP de Internet de máquinas donde sospechan que se han realizado descargas. Las autoridades se habían comprometido a enviar unos 10.000 avisos diarios, cifra que no cumplen.

Según la citada ley, cuando las sociedades de gestión detectan una descarga considerada ilegal, remiten a las autoridades la dirección IP para que sea identificado el titular de la conexión y son las autoridades quienes han de tramitar un primer aviso por correo electrónico. Si el internauta no desiste, se le remite al cabo de un tiempo una segundo aviso por carta certificada. Y finalmente, tras enviarle un tercer aviso pueden proceder a la clausura de la conexión o a imponer una multa de 1.500 euros.

Según Le Figaro, unas 3.500 personas han recibido el segundo aviso y "unas pocas docenas" el tercero, lo que supone que podrían ser objeto de sanción. La juez que supervisa el sistema reconoce que el procedimiento es lento y pesado, "rústico y poco automatizado".

Ninguna de las personas que han recibido el tercer aviso han sido llamadas ante el juez. Uno de los problemas detectados por las autoridades para la persecución de estos primeros sospechosos es que al activar un programa P2P puede resultar fácilmente que se de acceso a la biblioteca de los archivos del internauta y estos se carguen en la red sin necesidad de un acto expreso por parte del usuario. Las autoridades han advertido que algunos de los "archivos ilegales" que se habían compartido en una red P2P tenían una antigüedad de años y que el internauta sólo había usado expresamente la red para intercambiar archivos de trabajo.

El propio presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha manifestado críticas al sistema imperante aunque ha advertido que no lo cambiará si no existe una alternativa. Sarkozy admitió en abril una falta de diálogo en la elaboración de la ley antidescargas francesas, Hadopi, y se mostró dispuesto a corregirla o incluso anularla si la comunidad digital es capaz de presentar una "alternativa que proteja la justa retribución de los creadores".