Caamaño: Se bloquearán las 'webs' dedicadas "sistemáticamente" a las descargas

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha manifestado que las webs susceptibles de ser bloqueadas son las que se dedican "de manera sistemática" a la descarga de material ilícito y "no cualquiera". En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha indicado que para cerrar una web tendrá que existir una denuncia e investigación que lleve a la sospecha y luego se pasará a un juez, que constatará si se producen o no los elementos necesarios para adoptar la medida. "No se podrá hacer si no lo indica el juez".

Caamaño ha precisado que aunque seala Audiencia Nacional quien se encargue de estos asuntos no quiere decir que vayan a ser enjuiciados en el orden penal. "En la Audiencia Nacional hay tribunales de lo penal, social y contencioso administrativo". Finalmente, y ante la posibilidad que exista un agravio comparativo con otros procedimientos por su rapidez, el titular de Justicia ha comentado que el trámite del bloqueo de páginas "no es sobre el fondo del asunto". "El juez no va a decidir si hay delito o no, sólo va a decidir si se toma la medida cautelar de bloquear o no la página. El fondo del asunto seguirá el curso normal". Colectivos de internautas han criticado este proyecto porque el juez toma la decisión cautelar sin entrar precisamente en el fondo del asunto y consideran que supone un peligro a la libertad de expresión.

Estas manifestaciones se producen después de que trascendiera el contenido de un informe preparado por elConsejo General del Poder Judicial (CGPJ) que resalta la "importante carga adicional de trabajo" para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet. Las consideraciones generales del informe del CGPJ sobre esta cuestión avalan el modelo del Gobierno, aunque precisan que en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo "no se valora de forma específica el efecto que puede derivarse de la concentración en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de la nueva competencia atribuida". Estima así que esto "puede traducirse en una importante carga adicional de trabajo, lo que acaso pudiera derivar en la necesidad de ampliar la planta de esos Juzgados o en establecer ciertas medidas de refuerzo". Por ello, ve necesario que la Memoria aborde un "análisis de tipo cuantitativo que tenga en cuenta el impacto de las reformas propuestas en términos de empleo, actividad y precios". "Cuando menos podría hacerse alguna referencia al número de procedimientos administrativos anuales que se calcula que podría tener que instruir y resolver la Comisión de Propiedad Intelectual en esta materia para establecer cuántas intervenciones podrían ser necesarias por parte de los Juzgados de los Contencioso-Administrativo". El CGPJ califica de "oportuno" que los órganos elegidos para autorizar la ejecución material de las resoluciones adoptadas por la futura Sección Segunda CPI sean, concretamente, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, "puesto que su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional".