Nueve de cada diez juristas consideran que un e-mail es igual de válido que la prueba judicial tradicional
La mayoría de los expertos jurídicos europeos entrevistados equipara la validez de las pruebas, y pide una legislación más específica, según un estudio realizado por la empresa española Cybex
El primer estudio realizado en toda Europa sobre admisibilidad de la prueba electrónica ante los Tribunales, por parte de la empresa española de investigación de fraudes en entornos virtuales Cybex, revela que el 89,5% de los expertos jurídicos consultados en España y en otros 15 países europeos considera que la validez de la prueba electrónica es equivalente a la tradicional en los procesos judiciales.
El estudio revela también que el 78% de los juristas, entre los que se encuentran fiscales, jueces, abogados, representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y notarios, reclaman un marco normativo europeo específico que regule la prueba electrónica, para ayudar a combatir los delitos electrónicos.
El estudio recuerda que es prueba electrónica es cualquier información obtenida a través de un dispositivo electrónico o digital, que sirve para demostrar un hecho en un juicio. Entre ellas se cuentan así el e-mail, la firma y la factura digital.
Sin legislación específica
La investigación incluye, junto a la encuesta a juristas, un análisis comparativo de 78 normas legislativas de los países analizados, que refleja que en ninguno de esos ordenamientos jurídicos se hacen referencias específicas a la prueba electrónica. Esta ausencia implica que la utilización de la prueba digital en un proceso judicial se rige por una interpretación jurídica analógica de la prueba tradicional.
Pese a esta solución, el 61% de los expertos entrevistados opina que en Europa el sistema normativo que regula la prueba electrónica necesita cambios, ya que el sistema normativo no se adapta a la realidad tecnológica. Una de las soluciones propuestas por este colectivo es establecer un marco jurídico europeo que regule la prueba electrónica.
De ellos, el 77,8% considera necesario incluso fijar normas internacionales que homogeneicen el tratamiento procesal de la prueba electrónica para mejorar la cooperación internacional entre quienes combaten el crimen.
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