Las empresas creen que las leyes contra el 'spam' son insuficientes

La mitad de las empresas europeas consideran que la actual legislación sobre las comunicaciones electrónicas (derivada de la Directiva 58/2002/CE) no afectará en absoluto a la recepción masiva de correos electrónicos comerciales no solicitados (el temido spam), según un estudio realizado por la compañía Sybari y presentado hoy en Madrid.

El estudio, que abarca más de un centenar de compañías de dieciséis países, entre los que figura España, revela que apenas una de cada veinte empresas cree que la acción de los reguladores pondrá fin al spam, mientras que una de cada cinco augura una reducción de esta práctica y otra cuarta parte piensa que el correo basura sólo se desvanecerá a largo plazo.

En la misma línea, casi la mitad de las compañías encuestadas desconfían completamente de que sus gobiernos vayan a implantar una legislación contra el spam eficaz, considerando el porcentaje restante que tan sólo tendrá una eficacia limitada.

Por otro lado, más de la mitad de las empresas europeas declaran que la evolución del uso que realizan del correo electrónico para prácticas de promoción o venta de sus productos se ha visto incrementada notablemente, una quinta parte segura que ha crecido, otra proporción similar afirma que no ha experimentado cambios, mientras que el 4% restante asegura que se ha reducido.

Sin embargo, sólo una tercera parte de las compañías dice tener redactado un documento interno de definición de spam para su empresa, de las cuales sólo la mitad lo ha puesto en práctica dándolo a conocer a sus trabajadores y departamentos. En el otro extremo, el 28% no tiene previsto su emisión.

Uso del 'e-mail'

Dos de cada tres empresas europeas tienen una política sobre el uso del correo electrónico, pero la mitad de éstas no comprueba que sus empleados la hayan leído y, por tanto, vayan a cumplir con esta política corporativa. Los dos principales motivos señalados para su implantación obedecen a la voluntad de poder hacer frente a una responsabilidad legal (53%) y como un intento para maximizar la productividad (40%).

Pese a estas precauciones, sólo el 12% de las compañías asegura conocer cuál es la pena máxima que puede recibir un emisor de spam en su propio país. Por contra, el 39% dice desconocerla, el 35% manifiesta no estar seguro y el 14% restante asevera que no hay ningún castigo.

Finalmente, el estudio también recoge que los principales gastos en los que incurren las compañías debido al spam son aquellos derivados de la propia administración del correo electrónico (tres de cada cuatro) y la pérdida de productividad de los trabajadores (seis de cada diez), la reducción del ancho de banda (45%) y el gasto en software (36%).