El insólito caso Juana Rivas en Italia: la Fiscalía lo reabrió y se disculpó por no haber hecho nada en siete años

El complejo caso de Juana Rivas, la granadina que se enfrenta desde 2016 a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por la custodia de los dos hijos de ambos, prosigue este jueves con la parte italiana del litigio en el tribunal de Cagliari, Cerdeña. Este proceso, iniciado en septiembre con dos breves vistas preliminares y en el que Arcuri está acusado de malos tratos a sus hijos, arranca por fin ahora con la declaración de Rivas y de su hijo mayor, Gabriel, que eligió vivir con ella cuando llegó a la mayoría de edad en 2022. El menor, Daniel, de 11 años, sigue viviendo con su padre en Italia y este es un aspecto controvertido, que la ley en España no permitiría, pues está en marcha este proceso penal contra Arcuri precisamente por presuntos maltratos hacia él.

Pero hay otra cuestión muy llamativa: el juicio ha tardado ocho años en comenzar desde la primera de muchas denuncias, todas archivadas, hasta que el jefe de la Fiscalía reabrió el caso y en 2024, siete años después, admitió una demora “inadmisible” porque no se había practicado ninguna diligencia, según ha comprobado EL PAÍS.

Es una parte del conflicto poco conocida hasta ahora en España que plantea la pregunta, en el hipotético caso de una condena de Arcuri, de qué habría sucedido y cómo habría influido en el resto de causas abiertas si se hubiera actuado en su día con la diligencia debida. De entrada, en el juicio de Cagliari el tiempo transcurrido puede haber debilitado los recuerdos de los menores.

Relata la historia quien mejor la conoce, la abogada italiana Clara Veneto, que logró reabrir el caso de forma insólita para la justicia italiana, después de que la Fiscalía lo fuera archivando sistemáticamente durante años. Veneto, que después dejó de ocuparse de la asistencia jurídica de Rivas y ya no sigue el juicio, ha reconstruido lo sucedido para EL PAÍS en su despacho del centro de Roma.

Rodeada de montañas de papeles del caso, opina que se ha dado una situación incomprensible: “Mandé una serie infinita de instancias y la Fiscalía nunca hizo ningún tipo de diligencia. Nunca llamaron a Rivas a declarar, ni a los menores, ni a los médicos, nada. El fiscal decía que no había elementos para sostener la acusación de maltrato. Hacía referencia a las actividades de investigación realizadas hasta el momento en el proceso civil para la custodia”.

Un conflicto que empieza en 2016

El proceso que se celebra en Cagliari este jueves nace de una larga serie de denuncias presentadas por Rivas a partir de 2017, cuando también eclosionaba el conflicto en España. Había comenzado en 2016 cuando ella dejó la casa familiar en Cerdeña y se llevó a los dos hijos a España. Luego fue acusada de sustracción de menores y finalmente la justicia española la condenó en 2018 a cinco años de cárcel, y seis sin la patria potestad de sus hijos. Pero mientras tanto en Italia, en cambio, no se movió nada con sus denuncias. Solo la parte civil que asignó la custodia al padre.

Rivas presentó desde 2017 en Cerdeña numerosas denuncias de maltrato a sus hijos contra su expareja, al menos siete que conozca Veneto, porque se hizo cargo del caso en 2019. Siempre fueron archivadas por la Fiscalía sarda sin hacer ninguna comprobación o diligencia, sostiene la letrada, que recuerda que hubo una condena en España a Arcuri por maltrato a Rivas en 2009, de tres meses de prisión y 15 de alejamiento. Sin embargo, señalan fuentes jurídicas, en la decisión de los fiscales pudo pesar más la condena a Rivas de 2018.

Sin embargo, la insistencia de esta abogada llevó al órgano superior, la Fiscalía General del Cagliari, a admitir la gravedad del retraso, a asumir directamente el caso el 19 de mayo de 2022 ―una posibilidad extrema prevista en el código penal italiano― y a ordenar reabrirlo. Se basó en los certificados médicos de lesiones de los menores presentados, entre otros documentos.

La opinión de Francesco Arcuri sobre la apertura del juicio después de tantos años es distinta. Preguntado por EL PAÍS en la primera vista del proceso, expresó su perplejidad por el hecho de que el caso se haya reabierto “después de que el primer fiscal archivara todas las denuncias”. Según afirmó, “eran denuncias que la madre hacía regularmente cada vez que venía aquí, completamente infundadas, y el fiscal precedente las ha analizado durante años y las archivaba todas”. “Eran denuncias que ya se habían presentado, todas se archivaban según una lógica investigativa, no una lógica imaginaria. Ahora es una oportunidad para aclararlo todo”, resumió.

Una decisión muy poco frecuente

Lo cierto es la decisión de la autoridad fiscal de hacerse con el caso es muy poco frecuente en los tribunales italianos. La asunción de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Tribunal de Apelación de una sede judicial (en italiano, avvocazione delle indagini) es una posibilidad contemplada en el código penal italiano que prevé que, en caso de inactividad de un fiscal y de que no realice ningún tipo de investigación, el Fiscal General puede retirarle el caso y hacerse cargo él mismo de la causa.

En este caso, el Fiscal General lo hizo “sobre la base de los documentos adquiridos, con particular atención a los certificados clínicos emitidos por centros de la sanidad pública y a las valoraciones especializadas formuladas por médicos de hospitales pediátricos acreditados” y concluyó que “se puede formular un juicio de fundamento de la noticia del delito”, se lee en su auto. “Conseguimos reabrir una verificación judicial que ya parecía imposible”, resume Veneto.

Es más, como aun así las diligencias se siguieron demorando otros dos años y la abogada de Rivas continuaba enviando instancias, se produjo otro gesto muy anómalo en la magistratura: el propio fiscal general de Cagliari escribió a la letrada el 26 de junio de 2024 para pedirle disculpas por “el inadmisible retraso”. “En 30 años no me había pasado nunca”, afirma Veneto. En el escrito, el fiscal le dio explicaciones: “Le aseguro que he solicitado varias veces al fiscal la definición del procedimiento. En caso de ulterior continuidad del retraso, me reservo el asumir toda medida útil al respecto”.

“Además pedí la aplicación de medidas cautelares, porque la paradoja es que los niños seguían viviendo con el padre, no obstante existiera este procedimiento penal y estuviera en curso la apelación para la custodia”, recuerda la abogada, que no tuvo éxito. Finalmente, la Fiscalía pidió el procesamiento y en mayo de 2025 el juez confirmó que había indicios suficientes para un proceso, el que ahora por fin se celebra. “Por supuesto existe la presunción de inocencia y yo, como todos, deseo que no sea verdad que el padre maltratase a sus hijos, pero el sistema tenía que haber funcionado para hacer cuanto antes las comprobaciones necesarias y no ha funcionado”, concluye Veneto.

En su escrito de acusación, la Fiscalía acusa ahora a Arcuri de someter a los dos hijos “habitualmente a violencias físicas, verbales, vejaciones, injurias y amenazas”, en concreto “golpes en la cabeza, bofetadas y golpes en otras partes del cuerpo, empujándoles contra la pared, o arrojándoles con fuerza en el suelo, posicionando las manos en torno al cuello hasta obstaculizar la respiración”. Sostiene que les llamaba “gusanos asquerosos como la madre, que no valían nada, llamándoles hijos de puta” y otros insultos, a veces “escupiéndoles en la cara”. Asegura también que “les amenazaba frecuentemente con matarlos” si lo contaban a alguien.

En España, este caso originó a partir de 2017 un enorme debate social. Incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró su apoyo a Juana Rivas, y de hecho, tras su condena en 2018, fue parcialmente indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. Sin embargo, la posición de Rivas se agravó de nuevo el pasado verano, cuando volvió a quedarse con el hijo menor, Daniel, sin enviarlo a Italia tras las vacaciones de Navidad.

La justicia española determinó de nuevo que el chico debía ser entregado a su padre, y la Audiencia de Granada ordenó investigar a Rivas por otra posible sustracción de menores. Si considera que hay indicios de delito, habrá otro juicio contra ella. Los seis meses de instrucción concluyen el 19 de marzo, así que la decisión llegará en los próximos días, antes de esa fecha.

En Italia, donde el caso apenas ha existido mediáticamente, hay una segunda resolución judicial pendiente, en la justicia civil. En realidad es el núcleo de la cuestión: la asignación de la custodia de los menores al padre. Es otro proceso que lleva años en marcha, con anulaciones y apelaciones, y que tras el último recurso de Rivas aún espera la decisión definitiva del tribunal de Casación italiano, equivalente al Supremo. Debía haberse producido el pasado 8 de enero, pero se aplazó y aún no se ha fijado la fecha para la nueva audiencia, que debería ser en los próximos meses. Si diera la razón a Rivas, también la custodia volvería a estar en cuestión.