Los padres de una menor pleitean para que Sanidad de Castilla y León asuma un tratamiento dental de 40.000 euros

El dentista descubrió en una inspección rutinaria que Nuria, de ocho años (nombre ficticio) tenía solo 16 de los 32 dientes de la cavidad bucal. Este trastorno requiere unas actuaciones médicas complejas que empiezan por una ortoprótesis de 360 euros, prescrita por su pediatra en 2022, que los padres abonaron y cuyo pago solicitaron a la Sanidad de Castilla y León (Sacyl), a lo que esta se negó alegando formalismos incorrectos. La familia, de Valladolid, lo llevó a la Justicia y un juez ordenó ese reembolso en septiembre de 2024. El Sacyl, pese a la instrucción, no cumplía y tras varios avisos desatendidos el juez ordenó embargarles los 360 euros en diciembre de 2025, con 5.230 millones presupuestados para ese año.

El padre de Nuria, Roberto Velasco, teme que el Sacyl también se retrase con los tratamientos posteriores, asignados a centros privados, y valorados en unos 40.000 euros que no pueden adelantar: “Siento desnudez; si yo me hubiera retrasado en un pago, me hubieran embargado el primer día”.

El vallisoletano, de 56 años, saluda en su casa y presenta a Nuria, de 13, cuyas fotos adornan el salón familiar. Allí muestra las sentencias y pronunciamientos judiciales de una pugna inimaginada y por una cantidad escasa, incluso “cutre”, que pueden permitirse, aunque el Sacyl tarde tanto, pero no así las cifras más elevadas posteriores para tratar la agenesia dental de su hija.

El padre de la afectada insiste en el buen funcionamiento del sistema para tratar casos como estos y se extraña sobremanera de que la Sanidad de Castilla y León (PP) obrara así: “Es sorprendente, todos colaboramos con nuestros impuestos para que todos podamos ser tratados, pero si yo me hubiese retrasado en un pago me habrían embargado ya”. El Sacyl no ha respondido al contacto de EL PAÍS.

“Hemos denunciado no por la cuantía, sino por los futuros tratamientos, que son mucho más caros, sembramos para estar preparados para el futuro y tener una base”, esgrime Velasco, temiendo que el Sacyl también se enroque y comprometa las finanzas de la familia, con el padre y la madre trabajadores, pero no sobrados de fondos: “No disponemos de 40.000 euros, nos tocaría romper huchas, vender cosas o rehipotecarnos”. La agenesia que padece la menor hace que, como bromea con ella, “vaya a tener un Mercedes en la boca”, pero acarrea que deban acudir primero a la sanidad privada, delegada de estas intervenciones, para luego remitir la factura al sistema público.

La disputa judicial comenzó con una negativa del Sacyl a acatar la prescripción del pediatra, alegando que el facultativo no estaba especializado, hasta que se le confirmó que sí lo estaba. Después argumentaron que la factura estaba adherida a un código incorrecto, formalismo cuya relevancia redujo el titular del juzgado de lo social 5 de Valladolid según la sentencia remitida a EL PAÍS: “La diligencia final solicitada no es necesaria para resolver los hechos objeto de enjuiciamiento”. La ortoprótesis y sus trámites eran correctos, porque el código erróneo que sostenía el Sacyl era posterior al adjuntado en la solicitud y quedaba justificado que se le dieran los 360 euros a la familia de Nuria.

“Pasos judiciales innecesarios”

La sentencia se firmó el 10 de septiembre de 2024 y entonces comenzaron los retrasos, según recuerda el abogado: “La Administración ya tenía la obligación de pagar”. Vasallo describe que esta dilación “totalmente indebida” supuso “pasos judiciales innecesarios, producen un gasto inútil al hacer intervenir a la Justicia para obligarles a hacer algo que ya saben que deberían haber hecho. Como no lo hacen, hay que iniciar un procedimiento de ejecución, obligando a la Administración a pagar”.

El primer decreto de ejecución llegó el 5 de marzo de 2025, requiriendo el abono; el 15 de septiembre llegó una diligencia de ordenación reiterando el reembolso de los 360 euros. El 10 de noviembre, otro toque: una diligencia de ordenación amenazando con un embargo. El 12 de diciembre se dio la orden de embargo, comunicado el día 16, porque seguía pendiente el pago. “El ciudadano cobra tras el embargo a finales de enero de 2026. Anticiparon el gasto en marzo de 2022 y desde entonces un viacrucis para conseguir que les devuelvan su dinero. Casi cuatro años para cobrar 360 euros que debía cubrir la sanidad pública. Imagínate cuando tengan que anticipar los 30.000 o más que vale el resto del tratamiento que deberán empezar a aplicar a su hija en breve…”.

Su hija estudia en su habitación, porque los Carnavales asoman y hay que funcionar en los exámenes para poder disfrutar de las fiestas. Velasco destaca que Nuria, que tiene ahora 13 años, “lo lleva con naturalidad” y que él se ha sentido “desnudo” ante las “mil trabas” de un sistema sanitario que creía que lo amparaba. “Me da la sensación de que no todos somos iguales ante la ley”, indica, porque a la hija de un compañero de trabajo, amigo suyo, le pasó algo similar y en todo momento se le compensó el dinero: “¿Por qué a mi hija no? Los tratamientos hay que hacerlos igual”.