La brecha del gasto municipal en servicios sociales: de los 434 euros por habitante de Isla Cristina a los 36 de Galapagar

Si se analiza el gasto social de los grandes ayuntamientos en España, la desigualdad es enorme. Isla Cristina (Huelva), el que lidera el ranking, invirtió 434,13 euros por habitante en 2024, 12 veces más que los 35,89 de Galapagar (Comunidad de Madrid), a la cola de la lista. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha analizado el presupuesto liquidado el año pasado, publicado por el Ministerio de Hacienda, en los más de 400 municipios con más de 20.000 habitantes y concluye que 27 de ellos alcanzan la excelencia, debido a sus niveles de inversión. En cambio, 45 son pobres. El 40% de estos últimos están en la Comunidad de Madrid.

Se trata de la undécima edición de este análisis del gasto social de los ayuntamientos, y las conclusiones dibujan un país muy desigual, como todos los informes relacionados con servicios sociales. El código postal determina, y mucho, los servicios que reciben los ciudadanos. Por ello, la asociación distingue en dos categorías: los 27 ayuntamientos que superan los 200 euros por habitante, y los 45 con menos de 63,89 euros de gasto por cada vecino. Además, la asociación estudia también las capitales de provincia: Barcelona y Bilbao son las dos únicas consideradas excelentes; Badajoz y Toledo son pobres.

“Casi seis millones de personas van a servicios sociales de los ayuntamientos cada año”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Lo hacen cuando quieren información y orientación de los recursos sociales, cuando tienen un problema relacionado con la convivencia o la exclusión social. “Es decir, van a reclamar ayuda a domicilio, centros de día, servicios públicos… O va alguien porque no puede pagar la luz o comprarle ropa a sus hijos, o afrontar un gasto extraordinario y necesitan una ayuda de emergencia social, o pedir un informe de vulnerabilidad”, expone Ramírez.

“Los ayuntamientos son el servicio más próximo al ciudadano, es importante que tengan unos servicios sociales potentes que les permitan actuar ante la vulnerabilidad”, prosigue el presidente de la asociación. Pero no es, ni mucho menos, lo que concluye el informe. “Los datos reflejan el compromiso de los gobiernos municipales para atender a los más vulnerables”, afirma. Y salen 45 fotos bastante feas. “Hay dos condicionantes. Por un lado, falta de compromiso de esos ayuntamientos, por otra parte, falta de compromiso de las comunidades autónomas. No es lo mismo lo que invierta el País Vasco o Andalucía en financiar sus servicios sociales locales que lo que invierta Madrid, Extremadura, Cantabria y Murcia”, añade.

“Esto hace que en Andalucía haya 18 ayuntamientos que están en el ranking de los servicios sociales excelentes en inversión, y que cuatro de cada 10 ayuntamientos pobres en servicios sociales se ubiquen en la Comunidad de Madrid, que se debe a la falta de compromiso económico de esta autonomía con los servicios sociales municipales de los ayuntamientos”, explica Ramírez.

La asociación analiza los 404 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes porque son los que tienen competencias en servicios sociales, indica Ramírez. Los más pequeños suelen depender de diputaciones, mancomunidades o cabildos insulares. Del informe han excluido, eso sí, a los 24 ayuntamientos que no presentaron las cuentas ante Hacienda el año pasado. Entre sus conclusiones, que la mediana de gasto social en todo el país fue de 106,48 euros por habitante, un 4,36% más que en 2023. La inversión total superó los 4.261 millones de euros, un 6,2% más que en 2023. Pero hay una gran desigualdad territorial: en 11 de las 17 comunidades autónomas no se alcanza la mediana de gasto en inversión social por habitante (106,48 euros). Solo se supera en seis (País Vasco, Andalucía, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Cataluña). En el País Vasco la mediana de gasto social por habitante fue de 164,03 euros. En Madrid, la peor parada, 58,11.

Casi 3,2 millones de personas viven en un municipio considerado pobre en servicios sociales. Para llegar a esta conclusión, la asociación hace una analogía con la manera de calcular la población en riesgo de pobreza: el umbral se establece en el 60% de la mediana de gasto por habitante y año (63,89 euros). Los ayuntamientos que inviertan menos de eso se consideran pobres. De media, dedican el 5,35% de su presupuesto municipal a servicios sociales y promoción social. Tres de cada cuatro municipios en esta lista son reincidentes, ya estuvieron en ella en 2023.

La asociación critica que están “infradotados económicamente y, en consecuencia, carentes de los derechos sociales que legítimamente les corresponden”. Galapagar (35,89), Aranjuez (37,24) y Torrelodones (37,33) son los que menos invierten. Se unen así a otros 15 municipios madrileños que están en esta lista. Si se suman a los 11 de la Comunidad Valenciana, se puede concluir que dos de cada tres municipios pobres en servicios sociales son madrileños o valencianos.

En cambio, 27 ayuntamientos están en el lado opuesto. Sus más de tres millones de habitantes pueden presumir de vivir en ayuntamientos con una inversión social considerada excelente. Que estén en esta lista quiere decir que invirtieron más de 200 euros por habitante en servicios sociales y promoción social; que el presupuesto de 2024 no se redujo respecto a la liquidación de 2023; que el gasto social representa al menos un 10% del presupuesto total no financiero del ayuntamiento, y que, además, en el portal de transparencia municipal se puede consultar el desglose presupuestario y el detalle del gasto en servicios sociales. 14 de ellos también estaban en la lista en 2023.

Lideran la lista Isla Cristina (Huelva, 434,13 euros por habitante), Alcalá la Real (Jaén, 427,51) y San Roque (Cádiz, 403,63). Se unen así a otros 15 ayuntamientos que también son andaluces. Aunque la asociación advierte: si bien es la comunidad que más municipios aporta al ranking, se debe fundamentalmente a la incidencia económica que tiene en sus cuentas el servicio de ayuda a domicilio derivado del sistema de atención a la dependencia, que en esta autonomía se presta en cooperación con las diputaciones y entidades locales con más de 20.000 habitantes. Por ello, a partir del próximo año la asociación estudiará la aportación del Gobierno autónomo al presupuesto de los ayuntamientos en materia de servicios sociales y se tendrá en cuenta como una de las variables del informe, con el objetivo de constatar el “esfuerzo propio” que realicen los ayuntamientos en servicios sociales.