La familia de la víctima de pederastia del elitista colegio El Pilar recibe 96.000 euros de indemnización después de que la orden falseara su testimonio

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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Cristina Pérez murió sin recibir la reparación económica y una carta de perdón que la orden marianista le prometió por haber sufrido durante 10 años agresiones sexuales por parte del sacerdote Juan Carlos González de Suso (fallecido en 2014) durante los años setenta y ochenta. Tenía tres años y medio cuando comenzaron los abusos y estos continuaron hasta los 13. Falleció repentinamente de un paro cardíaco, hace algo más de un año, a los 57 años en un hospital estadounidense de Minot, en Dakota del Norte, donde residía desde hacía décadas. El provincial de los marianistas, Iñaki Sarasua, le prometió hace dos años que tanto la indemnización como la carta de perdón le llegarían pronto, pero Pérez nunca palpó esa justicia.

Cuando murió, su hermana Ana (representante legal de Pérez durante el proceso de reparación), comunicó lo sucedido a la congregación, con el recordatorio de que la voluntad de Cristina era que el procedimiento restaurativo se completara. En un comunicado enviado a la familia pocos días tras la muerte de Pérez, Sarasua fue contundente: “Ni la carta de perdón ni la reparación económica tienen sentido ya, una vez que Cristina ha fallecido”.

No solo eso. Después de que EL PAÍS publicara su historia, la orden falseó el relato de la víctima en un comunicado público y aseguró que Cristina se había inventado la parte más grave de los abusos (que González de Suso la drogara y se la llevara de regalo sexual a otros hombres). También acusó a su hermana Ana de diseñar esa parte de la historia justo cuando salió a la luz el caso Pelicot, en Francia. Ellas, en realidad, lo denunciaron antes. De hecho, después de la publicación de esa nota este periódico publicó varias grabaciones de las declaraciones de las afectadas con la congregación que demostraban que los marianistas habían mentido.

Tras esta revelación, la congregación afirmó públicamente que “estaría abierta a asumir una reparación económica si, presentado el caso a la comisión de estudio de reparaciones recién creada para toda la Iglesia en España (el PRIVA), esta viera justa y procedente una determinada reparación a sus descendientes”. Un año después de burocracia eclesiástica, Ana ha conseguido que la Iglesia cumpliera y abonase 96.000 euros (la cifra más alta conocida hasta ahora en España en estas reparaciones) en la cuenta corriente de una de las hijas de Cristina, Amanda, y les remitiese la esperada carta de perdón.

Ana mastica una sensación agridulce: “Ha sido una lucha larga y dura”. La indemnización ha llegado a las dos hijas de Pérez, aunque la que Pérez solicitó antes de morir fue de 800.000 euros (para cubrir las altísimas facturas de los costes médicos en EE UU y los siete años que no pudo trabajar a causa de la depresión causada por los abusos). La reparación, dice la familia, también es incompleta. La carta de perdón no era la que orden prometió en un principio.

La historia de los abusos de Cristina está recogida ―además de en las entrevistas que mantuvo con este diario durante un año― en los encuentros que la víctima tuvo (y grabó por miedo a no ser creída) con el provincial de la orden y Eshmá, la organización de atención a víctimas que los marianistas contrataron para “mediar” en la reparación. Cristina narra cómo González de Suso apareció por su casa en 1970 para ayudar a su madre, recién enviudada y a cargo de siete hijos, ayudando a los hermanos mayores con los deberes. Todos vivían en el barrio de Retiro, Madrid.

Los tres chicos mayores cursaban estudios en el colegio para niños Santa María del Pilar, centro hermano del que había en el cercano barrio de Salamanca, Nuestra Señora del Pilar, coloquialmente conocido como El Pilar y donde se educaron varios de los grandes líderes de la Transición y el mundo empresarial: el expresidente José María Aznar, el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba o el periodista Juan Luis Cebrián. En ese contexto el sacerdote comenzó a agredirla sexualmente; más tarde la violó, según relató, en su casa; también en la habitación del clérigo, en la parroquia donde daba misa y en los dos colegios de la orden fuera del horario escolar.

Cristina también relató que el cura la montaba en un taxi y la conducía junto a otros hombres para ser abusada por todos ellos. Durante esos viajes, cuenta Pérez, González de Suso la drogaba. Tras la muerte de Cristina, cuando su historia vio la luz, los marianistas declararon que Pérez nunca les relató esa parte, sino que lo hizo su hermana Ana. Pero lo cierto es que, en la única vídeo entrevista que Pérez tuvo con el provincial de la entidad, Iñaki Sarasua, el 15 noviembre de 2023, Cristina Pérez sí detalla esta parte del relato. Así aparece en la grabación:

Cristina Pérez. Había a veces que venía a verme a casa y me llevaba. Íbamos en un coche de color negro que tenía una raya roja. No sé lo que es.

Iñaki Sarasua. Taxis de Madrid.

Cristina Pérez. Me llevaba como regalo sexual para otra persona. Hombres con uniformes militares, con muchas medallas... Tenía como 11 años, más o menos.

Pérez volvió a contar el suceso ante Eshmá. “El Padre Juan Carlos, un marianista del colegio (Santa María) del Pilar, del barrio del Niño Jesús de Madrid, no solo me violó durante más de 10 años, desde los tres años y medio hasta después de los 13, sino que me drogó y me llevó a otros curas y a personas con uniformes militares”, se escucha en la grabación que Pérez también realizó a petición de Eshmá para evitar una “dinámica de teléfono roto”. Cristina contó este mismo relato a EL PAÍS y su hermana también lo hizo en septiembre de 2023, al provincial de la orden. se escucha en la grabación que Pérez también realizó a petición de Eshmá para evitar una “dinámica de teléfono roto”. Cristina contó este mismo relato a EL PAÍS y su hermana también lo hizo en septiembre de 2023, al provincial de la orden.

Ana dice que el provincial de los marianistas ha violado el noveno mandamiento que dice “no mentirás” y ha hecho, exactamente, lo que Cristina se temía: “Llamarla mentirosa delante del mundo entero. Desde aquí hago un llamamiento para que corrija este gran error y que públicamente pida perdón póstumo a mi hermana y a mí en vida por habernos llamado mentirosas”.

La orden ha contestado a EL PAÍS que la decisión de pagar la indemnización viene de la comisión del PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos), creada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para gestionar casos que no tienen recorrido legal y canónico. Por otro lado, ya pesar del contenido de las grabaciones destapadas por este periódico, la congregación insiste en que “el provincial afirma no tener conciencia de haber mentido. Ni él ni la otra persona, especializada en acompañamiento de víctimas de abusos, que estuvo presente en aquella conversación telemática recuerdan que la víctima hablase de ser utilizada por otros hombres como juguete sexual, ni se hace mención a ello en las notas de uno y de otro que trataron de recoger lo esencial de aquella conversación”.

La orden acusó también a Ana de bloquear el proceso de reparación, negaban que fuera “representante legal” de Cristina y que su papel, en realidad, era el de una mera “portavoz”. Lo cierto es que Pérez, en la conversación con Eshmá, incide varias veces en este tema, una de ellas por escrito en un mail: “He nombrado a mi hermana Ana como mi representante de todo lo referente a este trágico y desagradable caso”.

La cuestión en la que “más problemas” ha puesto la orden ha sido en la entrega de la carta de perdón, lo que Pérez más deseaba. De hecho, en su casa de Minot, reservó un espacio en la pared donde colgaría dicha carta. Desde un comienzo, la víctima solicitó que en ella se incluyera el nombre del agresor, el de los responsables de la orden y también el nombre de los miembros de la familia de Cristina (entre los que debían figurar sus hermanos) como afectados colaterales.

El provincial de los marianistas se comprometió a que ese documento oficial sería de sus primeros compromisos a cumplir. Pero no fue así. Tras varias excusas, la orden envió un mail sugiriendo que lo ideal era que llegase al final del proceso.

En ese mensaje, además, Sarasua decía que el borrador de la carta que Cristina y Ana le habían enviado, “era una declaración de carácter legal” y que “el único motivo para empeñarse en consignar todos esos datos sería querer utilizarlos después judicialmente de algún modo”. La carta (en dos versiones, una en castellano y otra en inglés) llegó a la familia de Pérez hace unas semanas. En ella no aparece el nombre del agresor ni tampoco hace referencia a que fue víctima de agresiones sexuales, sino que utiliza frases genéricas como “abuso”, “lo sucedido”, “lo que tú [Cristina Pérez] padeciste”... Del mismo modo, tampoco aparecen los nombres de los familiares de Cristina, tan solo cita a sus hijas.

Ante esto, la orden argumenta que el provincial ya le pidió perdón a la víctima “de viva voz” y que la última misiva está redactada en los términos que el superior ha creído oportunos. “Si no se incluyeron en esta ocasión fechas, nombres y detalles de todo tipo fue porque entendemos que una carta de petición de perdón es precisamente lo que ese mismo título expresa, y no una declaración jurada ni una crónica judicial de los hechos”, señala la institución.

Para Ana, esta carta, tan esperada por su hermana, ha sido como un puñetazo: “Creo que escribieron esa carta para silenciarnos, nada más. Yo sigo necesitando que se me pida perdón, y nadie, en la orden marianista ni en la iglesia católica de España ni de Roma, lo ha hecho”.