León XIV examina a la Iglesia española por el escándalo de la pederastia del clero

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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A León XIV le ha estallado el primer caso de pederastia de su mandato que afecta a un alto cargo, en el que debe demostrar cómo actúa con este problema, y ha surgido en la Iglesia española: la primera investigación conocida contra un obispo, Rafael Zornoza, de Cádiz y Ceuta, desvelada por EL PAÍS. Es un caso subestimado y mal gestionado tanto en el Vaticano como en España, pues han pasado cuatro meses desde que llegó la denuncia a Roma y Zornoza aún no ha sido apartado. Además en Roma, señalan fuentes vaticanas, hay “malestar” porque desde que en España salió a la luz el escándalo de los abusos del clero en 2018, a través de las investigaciones de este diario, la CEE siempre ha transmitido que estaba afrontando el problema y todo estaba bajo control. Pero en el Vaticano ahora tienen la impresión de que no era así y el Pontífice, que va afrontando asuntos heredados, quiere saber la verdad. Por eso el primer encuentro que el Pontífice mantendrá este lunes con la cúpula de la Conferencia Episcopal (CEE) está marcado por el escándalo y puede suponer un cambio de página. Hay un nuevo papa, y es una prueba de fuego para él y sobre todo para la Iglesia española, que va a tener que dar explicaciones de qué ha hecho exactamente con la oleada de casos surgidos en los últimos años.

Como prueba del ambiente enrarecido que ha generado el caso del obispo de Cádiz, en estos días se ha producido un evidente cortocircuito entre el Vaticano y los obispos españoles, que ansiosos de atajar la crisis filtraron el jueves a numerosos medios que la salida de Zornoza estaba decidida y sería efectiva este mismo viernes. Pero no ha sido así, y tampoco ha ocurrido este sábado. Salvo que ocurra el domingo, los obispos llegarán ante el Papa con Zornoza aún en su puesto.

En realidad, el balance de la gestión del escándalo estos años de la Iglesia española es alarmante. Lo representa bien quien está al frente de la Comisión Ejecutiva de la CEE que acude a ver a León XIV, Luis Argüello, presidente de los obispos desde el año pasado. En abril de 2019 era secretario general de la institución y declaraba: “No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”. En 2020, cuando este diario llevaba dos años destapando casos y casi se habían multiplicado por 10 los conocidos ―en 2018 eran solo 34―, aún decía que en España había “cero casos o ninguno”. Según la contabilidad de este diario, la única existente todavía hoy, pues la propia Iglesia ni quiere ni parece capaz de concretar con exactitud cuántos casos conoce, en España hay ya al menos 1.564 acusados y 2.936 víctimas.

Tras la negación total inicial, la Iglesia española fue reaccionando lentamente, siempre arrastrada por el número creciente de casos, pero lo cierto es que ha tenido que rendir pocas cuentas porque contó a su favor con la inacción del papa Francisco, que optó por no enfrentarse al episcopado español y prefirió delegar la gestión del escándalo. Nunca se pronunció sobre ello y cuando convocó a todos los obispos españoles en noviembre de 2023 acudieron muy preocupados pensando que recibirían una bronca, pero salieron aliviados diciendo que ni siquiera se había hablado del tema.

Francisco se fio del cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE entre 2020 y 2024, con quien se llevaba bien, y lo dejó todo en sus manos, indica una fuente vaticana. Con resultados desastrosos, que culminan ahora en el caso del obispo de Cádiz.

Silencio ante al menos 60 obispos sospechosos de encubrimiento

Siete años después de que estallara el escándalo, la Iglesia española aún tiene pendiente decir toda la verdad sobre lo que sabe. La CEE da información escasa, confusa y contradictoria, y la última cifra reconocida es de 2.002 víctimas. Pero aún es un misterio cuántos casos reconoce, en qué lugar, en qué fechas, y qué medidas se tomaron. También qué explicación da al resto de casos que no incluyen en sus listados internos, como cientos destapados por este periódico.

Otro de los asuntos más graves eludidos sistemáticamente por la jerarquía es asumir las responsabilidades de posibles encubrimientos: en su base de datos pública sobre el escándalo, este diario ha señalado 60 obispos españoles acusados de silenciar, tapar o ignorar denuncias de abusos. Sin consecuencia alguna. “En las diócesis españolas aún hace falta concienciarse de que los casos tienen que salir a la luz. Hay obispos con miedo por los encubrimientos de casos, pero no podemos aliarnos en el oscurantismo”, confiesa un obispo español.

León XIV, elegido hace seis meses, debe decidir ahora si van a cambiar las cosas, qué rumbo tomar y definir su estrategia contra esta lacra. Su respuesta al caso de España dará pistas sobre su sensibilidad en esta cuestión.

Hasta ahora, Robert Prevost ha dado muestra de tomarse en serio este tema. El pasado 8 de noviembre mantuvo una reunión “profunda y dolorosa”, de casi tres horas, con 15 víctimas de abusos en la Iglesia de Bélgica. En junio envió un discurso de apoyo a los reporteros de Perú que investigaron los abusos del grupo ultraconservador Sodalicio, con una llamada a imponer una cultura de tolerancia cero, que “solo será auténtica si nace de una vigilancia activa, de procesos transparentes y de una escucha sincera a los que han sido heridos”. “Para ello necesitamos a los periodistas”, concluyó. Una actitud totalmente opuesta a la de la Iglesia española, que siempre ha criticado y desdeñado el trabajo de los medios en este campo.

Cuando era obispo en Perú, Prevost apoyó a las víctimas y a los periodistas, atacados por la jerarquía eclesiástica del país, que sacaron a la luz el caso del Sodalicio, finalmente disuelto por Francisco en enero de 2025. Luego, desde 2023 y hasta su elección, fue prefecto del Dicasterio de los Obispos, el potente ministerio vaticano que gobierna sobre todos los responsables de diócesis del mundo, y actuó rápido y sin contemplaciones cuando surgía un problema en cualquier país.

“Si lo del obispo de Cádiz hubiera pasado cuando estaba él, se hubiera solucionado enseguida. Ya te lo digo: en dos días”, confía un miembro de este dicasterio. De hecho, el cónclave ha podido influir en el curso de la denuncia contra Zornoza: al ser elegido Papa, Prevost dejó su puesto, que quedó vacante durante cuatro meses, hasta que él mismo designó un sucesor. Este vacío de poder ha acumulado el papeleo pendiente y cuando llegó la denuncia de la víctima al Vaticano, el pasado mes de julio, en ese despacho no había nadie: el Papa no nombró al nuevo prefecto, Filippo Iannone, hasta el pasado 25 de septiembre.

“Está claro que los filtros han fallado, en el Dicasterio de la Fe, en el de los Obispos, y luego en España. Todos se han ido pasando la pelota, y cuando el escándalo ha estallado, han dejado vendido al Papa, que ahora tiene que resolverlo”, explica una fuente eclesiástica. En cuanto a la actitud de la Iglesia española, opina que siempre “juega a la ruleta rusa”. “Espera tener suerte y que no se sepa. Luego, cuando se sabe, se arma el escándalo y solo le queda aguantar el chaparrón y atacar a EL PAÍS”, resume. Y también, en ocasiones, decir que quien denuncia abusos miente, como ha hecho el obispo de Cádiz, que considera “falsas” las acusaciones.

La ruleta rusa dura desde hace años. Rueda de prensa tras rueda de prensa, Argüello repetía que la Iglesia española no haría una investigación, no encargaría tampoco una auditoría externa, no abriría sus archivos y no pagaría indemnizaciones a las víctimas. Acabaría haciendo todas esas cosas, aunque mal y a regañadientes. Incluso argumentaba que la CEE no tenía el poder de pedir a las diócesis que le remitieran información sobre sus casos.

Oficialmente, para la Iglesia el problema no existía y, como dijo Argüello en septiembre de 2021, su actitud no iba a ser “proactiva”. La transparencia también era nula: la gran mayoría de diócesis y órdenes se negaba a revelar los casos que conocían. La Iglesia española aún está pagando esa actitud de negación: “Algo hemos hecho mal si las víctimas siguen prefiriendo ir a los medios de comunicación antes que a nosotros”, admite un eclesiástico. Un obispo español añade: “Algunas víctimas sienten miedo por cómo funcionaban las oficinas de atención de víctimas y prefieren no denunciar. Hay que animar a que lo hagan, es el camino para que esto cambie”.

Todo empezó a cambiar a partir de diciembre de 2021, cuando este diario presentó un informe al papa Francisco y a la CEE con testimonios de 251 casos, que obligó a la Iglesia española a afrontar la gran investigación que no quería hacer. En los tres años siguientes este periódico aportó otros cuatro dosieres, un trabajo que ha reunido en total casi 800 testimonios en 1.600 páginas. Ni el Dicasterio de Doctrina de la Fe ni la CEE han dado hasta ahora respuesta sobre qué han hecho con esa mole de acusaciones.

El impacto de aquel primer informe de EL PAÍS llevó en marzo de 2022 al Congreso de los Diputados a encargar una investigación al Defensor del Pueblo ―aprobada casi por unanimidad, salvo Vox y UPN―, y obligó a la CEE a dar un volantazo, presionada desde el Vaticano. Aunque Argüello seguía diciendo en abril de 2022: “No sé si estamos exagerando la cuestión”. En todo caso, la CEE por primera vez tuvo que dar datos: en cuatro meses pasó de decir que eran “pequeños casos” (noviembre de 2021), a admitir de golpe 506 (marzo de 2022).

Francisco pidió respuestas y Omella tuvo que actuar. Encargó entonces, en febrero de 2022, una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. También empezó a hacer su propia investigación interna y a pensar en pagar compensaciones. La CEE ahora ya tiene un plan en marcha, llamado PRIVA, que avanza muy lentamente y con criterios muy restrictivos: solo ha resarcido a un 2% de las víctimas reconocidas por la propia Iglesia. Pero ha tenido que desembolsar ya más de un millón y medio de euros.

Presionada también por el Gobierno español, con el que ha habido momentos de abierto enfrentamiento por la cuestión, las indemnizaciones son lo único en lo que ha avanzado algo la Iglesia. Por el contrario, las operaciones de transparencia han sido una catástrofe con ribetes de culebrón. La relación con el bufete que realizaba una auditoría externa degeneró cuando la CEE comprobó que no la podía controlar (aunque había un topo de los obispos que llegó a ser expulsado del despacho). De hecho, no asumió sus conclusiones (1.383 denuncias y al menos 2.056 víctimas, y advertía que eran la punta del iceberg). Es más, después de pagar 1,2 millones por el informe, la CEE lo ocultó y realizó uno propio a toda prisa que rebajaba las cifras. En realidad fue un chapucero corta y pega que, según descubrió este periódico, dejó fuera más de 300 casos que órdenes y diócesis ya habían reconocido. La CEE tuvo que reconocer luego “un error muy significativo” en su estudio y simplemente dejó de hacer públicos los datos.

Además, el informe de los obispos limitaba la contabilidad oficial a 806 casos, 700 menos de los que constan en la base de datos de este diario, pero lo más sorprendente, descubierto al publicar este diario la lista secreta de casos que manejaba la CEE, es que estableció un sistema insólito de clasificación de veracidad de los casos, de criterios desconocidos, por el que solo consideraba creíbles 237. Es decir, uno de cada 10 casos de los conocidos hasta ahora en España. Como colofón, este periódico descubrió que la CEE hizo públicos por error la identidad y datos confidenciales de las víctimas al colgar el informe de Cremades & Calvo-Sotelo en su página web.

En el debate público del escándalo constituyó un antes y un después el informe del Defensor del Pueblo, presentado en octubre de 2023. Fue la primera respuesta institucional a la cuestión y el punto más controvertido fue un sondeo incluido en el estudio que retrató la dimensión del problema: un 1,13 % de los encuestados dijo haber sufrido abusos en la infancia en el ámbito de la Iglesia católica, lo que supone unas 440.000 personas, una cifra que aplicando un margen de error oscilaría entre 350.000 y 530.000 individuos. Omella atacó duramente a la prensa por utilizar esas cifras y acusó a los medios de tener “la intención de engañar”. Eran números similares a los que ofreció el estudio que habían encargado los obispos en Francia. La Iglesia española es la única del mundo católico que siempre ha rechazado las cifras estimadas sobre el escándalo, incluso las del estudio que ella misma había encargado.