Un juez de Bolivia pide a la Fiscalía del país que amplíe la investigación a otros altos cargos jesuitas por encubrir más casos de pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Mazazo para la Compañía de Jesús boliviana. El juez que este martes sentenció a un año de cárcel a dos altos cargos de la orden por encubrir los abusos del misionero español Alfonso Pedrajas ―el cura ya fallecido que admitió en un diario que agredió sexualmente al menos a 85 niños en un colegio de Cochabamba con la protección de sus superiores― ha ordenado que se remita a la Fiscalía boliviana una docena de otros casos de pederastia clerical que han emergido durante el proceso, en el que también hay indicios de encubrimiento, para que los investigue y “si corresponde o no abrir causa contra los mismos”. El juez leyó este martes la sentencia resolutiva ante las partes en la sala del Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Número 4 de Cochabamba y el viernes espera entregar la resolución completa. Las nuevas partes del fallo se han conocido después de que la asociación de víctimas Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) difundiera un vídeo de la lectura del magistrado.

La resolución de la justicia boliviana es histórica, ya que es la primera vez que un tribunal condena a dos altos cargos eclesiásticos por encubrir un caso en el que el pederasta ha muerto antes de ser juzgado y cuando los delitos de abusos están prescritos. Los dos condenados de origen catalán, Marcos Recolons, de 81 años y Ramón Alaix, de 83, ocuparon el puesto de provincial en Bolivia, el máximo cargo de la Compañía de Jesús dentro de un país y cuyo mandato suele alargarse varios años, durante los periodos en los que más denuncias contra Pedrajas llegaron a la orden. Recolons desde 1993 hasta 1999, y Alaix entre 1999 y 2007. El primero, además, llegó a ser el número dos de la orden en Roma, en la curia general, entre 2004 y 2012.

En ambos casos, la resolución del juez es clara: “Al haber resultado la prueba producida, en juicio, suficiente para que este tribunal adquiera la convicción de su responsabilidad, imponiendo consecuentemente la pena de un año de privación [de libertad] que debe cumplir en el centro penitenciario San Sebastián de Cochabamba, con costas a favor del Estado, y la reparación de todos los daños civiles a favor de las víctimas, una vez que esta sentencia llegue a la calidad de cosa juzgada”. En Bolivia la pena de cárcel no se cumple si esta es menor de tres años.

Como medida de protección, el juez ha ordenado que los Servicios Legales Integrales Municipales (Slim) del gobierno autonómico de Cochabamba “brinden toda la atención necesaria a las víctimas del presente proceso, con la finalidad de buscar su restablecimiento”. El magistrado, además, ha ordenado que los encubridores “se sometan a tratamiento psicológico dentro del programa terapéutico dependiente de la institución Hombres de Paz”.

La asociación de víctimas ha celebrado la decisión de ampliar la investigación a otros casos y señala que “apenas es la punta del iceberg”. El diario de Pedrajas salió a la luz el 30 de abril de 2023 gracias a una investigación de EL PAÍS. En ese documento, Pedrajas confesó que agredió sexualmente a decenas de menores entre 1972 y comienzos de los años 2000 en varios colegios de la orden. También detalla cómo sus superiores, especialmente Recolons y Alaix, le ampararon. Tras la publicación, la Fiscalía boliviana reaccionó y abrió una investigación.

El escándalo provocó una cascada de denuncias, no solo contra Pedrajas sino contra otros jesuitas. La mayoría de estos nuevos casos fueron destapados por este periódico y son lo que ahora se le ha remitido al Ministerio Fiscal para que los investigue. “Con esta sentencia, el juez ha abierto las puertas del infierno para los curas jesuitas”, ha subrayado a este periódico Edwin Alvarado, Secretario de Relaciones internacionales de la asociación de víctimas CBS.

Los otros casos de encubrimiento

El papel de la Fiscalía boliviana para conocer la realidad del encubrimiento de los abusos clericales ha sido determinante. En mayo de 2023, después de que vieran la luz las investigaciones de este periódico, registró las sedes de la Compañía en La Paz y Cochabamba, donde encontró decenas de cartas e informes internos que revelaba ocho casos inéditos de pederastia y, además, probaban cómo la jerarquía eclesial ―de Bolivia, pero con el conocimiento en algunas ocasiones de la de España y de la Curia General en Roma― recibieron denuncias internas y decidieron taparlas, trasladar a los acusados o comprar el silencio de las víctimas.

De los nuevos casos inéditos, y que este periódico adelantó hace un mes, destaca el del jesuita Pancho Flores, de origen boliviano, que fue acusado de agresión sexual contra “un joven”. Alaix escribe entonces una carta al ya fallecido general de los jesuitas en Roma, Peter Hans Kolvenbach, para contarle lo sucedido: “Se presentó al padre superior de la comunidad un joven quien le dijo que el sacerdote que vivía en el primer cuarto le había invitado a pasar a su aposento y había abusado de él. Le dijo también que el padre Flores salía algunas noches en su movilidad e invitaba a jóvenes a que lo acompañaran. El joven necesitaba dinero (...) y el padre superior le dio una pequeña cantidad, de lo cual después se arrepintió, y me lo comunicó”. Alaix pide consejo a Kolvenbach, al que sugiere que “sería conveniente darle un nuevo destino” a Flores y “un año sabático” acompañado de terapia psicológica.

El líder de los jesuitas en Roma le envía una larga carta hablándole sobre la castidad. Flores nunca fue apartado, es más, llegó a ocupar el cargo de secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana en 2004.

Además de estos, la Fiscalía de Bolivia tiene abiertas otras causas, como la referente a los abusos cometidos en 1964 por el jesuita español Alejandro Mestre (ya fallecido y que llegó en los ochenta a arzobispo de La Paz y a ocupar el cargo de la secretaría general de la Conferencia Episcopal Boliviana). Por este caso están imputados por encubrimiento al actual provincial de los jesuitas, Bernardo Mercado, y a otros dos de sus antecesores, Osvaldo Chirveches, de 52 años, y el octogenario español Ignacio Suñol.

Otra causa pendiente es el que surgió a raíz de otra investigación de EL PAÍS, la de Los Manuscritos de Charagua, publicada en junio del año pasado. En este caso, otro jesuita catalán, Lucho Roma, detalló en unos manuscritos cómo agredió sexualmente durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió y las grabó en vídeo. La Compañía de Jesús realizó una investigación interna en 2019 que confirmó los crímenes y su encubrimiento, pero tras la muerte de Lucho Roma en ese mismo año, escondieron los hallazgos en un cajón.

Tampoco repararon a las víctimas, a pesar de que Lucho Roma había incorporado en su texto el nombre de 70 de ellas. Cuando este diario publicó el reportaje, la Fiscalía boliviana ordenó abrir una causa judicial. Desde entonces, los afectados afirman que no ha habido ningún avance.