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Detenido el subinspector de la policía local de Granada acusado de violencia de género

El agente ha pasado la noche en el calabozo y tras un juicio rápido por maltrato y quebrantamiento de la orden de alejamiento ha quedado en libertad provisional

Dependencias de la Policía Local de Granada, en febrero de 2025.
Javier Arroyo

El subinspector de la Policía Local de Granada acusado de violencia de género y violencia vicaria por su expareja e hijas fue detenido la noche de este pasado martes por maltrato y presunto quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento que le obliga a mantener una distancia mínima de 500 metros respecto a su víctima. Según la víctima, Maribel, en los últimos días el presunto agresor había entrado en una espiral de acoso múltiple: la llamaba al teléfono móvil, algo que tiene prohibido, incumplía con frecuencia la zona de exclusión y desconectaba el dispositivo que le había impuesto un juzgado para saber si se acercaba o no a su expareja más de lo permitido.

Ante eso, ella presentó una nueva denuncia y este martes fue detenido por la Guardia Civil en el pueblo cercano a la capital donde reside. Tras pasar la noche en el calabozo del cuartel de La Zubia, este miércoles se ha celebrado un juicio rápido en el que han testificado la víctima y el detenido. La titular del juzgado de violencia contra la mujer número 1 de Granada ha dictado su libertad provisional.

No obstante, el acusado, nombrado hace un par de semanas jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local de Granada por el equipo de gobierno popular de la ciudad, no podrá acercarse a la localidad de Armilla, donde viven la víctima y sus hijas –una mayor de edad y otra aún menor–.

Según el auto del juzgado, tras la vista rápida se ha acreditado “indiciariamente” que el investigado llamó hasta en cuatro ocasiones “desde el teléfono fijo de sus padres y en fechas para ellas señaladas”, sin recibir respuesta.

La jueza escribe en su auto que hay indicios de que el brazalete que marca la posición del detenido estuviese apagado más de 15 horas entre el 11 y el 12 de mayo, este fin de semana pasado. Entre enero y mayo “entró en zonas de exclusión fija, generando las correspondientes incidencias”.

No obstante, señala la juez, a pesar de esos indicios acreditados, y con el apoyo de la Fiscalía, ha decretado su libertad provisional mientras se tramita esta causa concreta, hasta que haya resolución definitiva por un juzgado penal con “las prohibiciones que actualmente tiene vigentes” y la nueva medida de no poder acudir o residir en la localidad donde vive Maribel.

El presunto agresor ha negado que la desconexión de su brazalete fuera algo voluntario, por lo que la jueza ha encargado al grupo Cometa, responsable de la instalación y seguimiento de las pulseras, la realización de un informe técnico que aclare los motivos y causas de las desconexiones.

“Hoy ha ido mejor que otras veces. Que ya no pueda entrar a mi municipio me ha dado mucha alegría. Como allí hay un centro comercial grande y un hospital, decía que iba a esos sitios, a comprar o por enfermedad y no pasaba nada. Me siento más tranquila por mí y por mi hija. Es un paso adelante pero todavía no llegamos al final”, ha contado Maribel.

Ella denunció al acusado por primera vez en julio de 2023, tras haberse separado en septiembre del año anterior. En esos meses, él no dejó, siempre según la víctima, de acosarla, insultarla y hacerle la vida imposible, incluso con visitas a la casa de ella y sus hijas cuando no había nadie. Cuenta que, además, accedía a su ordenador y teléfono.

El juzgado dictó, entre otras cosas, una orden de alejamiento que se inició en 200 metros y meses después se amplió a 500, además del dispositivo GPS. Todas estas medidas siguen vigentes. Desde aquella primera denuncia, el policía ha sido detenido una decena de veces antes de la de este martes y se enfrenta a varios procedimientos judiciales distintos por hechos relacionados con esa violencia hacia su expareja y sus hijas. El más relevante, y por el que la Fiscalía solicita siete años de prisión, es por un delito de maltrato.

Este caso se inicia el lunes próximo con una vista previa en la que, previsiblemente, no se llegará a ningún acuerdo y fijará la fecha del juicio oral. También hay varios juicios pendientes, similares al de este miércoles, por quebrantamiento de medidas cautelares, además de otros por impago de la manutención, seguimientos ilegales o entrada ilícita en su vivienda.

Finalmente, se encuentra también inmerso en el procedimiento que sigue la jueza contra seis compañeros de la Policía Local que consultaron hasta 48 veces en un año los datos de la denunciante en el sistema VioGén, la herramienta con la que el Ministerio de Interior realiza el seguimiento y protección de mujeres víctimas de violencia de género, y que es accesible solo para agentes designados específicamente.

En lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.305 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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Sobre la firma

Javier Arroyo
Periodista. Estudié Filología Inglesa en la Universidad de Sevilla e hice el Máster de Periodismo de EL PAÍS/UAM. Publiqué mi primer artículo en EL PAÍS el 14 de julio de 1999. Estuve unos años y me fui a hacer otras cosas. Volví como colaborador desde Granada en 2016 y aquí sigo.
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