La ‘ley Wert’ no está a la altura

Legislar en educación (y van ya demasiadas leyes) siempre genera debate y controversia, y ese debería ser el camino hacia el consenso. Con la Lomce no ha sido así, es la ley que ha generado más rechazo desde la transición. Ha provocado un revulsivo social desde que se conocieron los primeros borradores y se ha incrementado con las enmiendas aprobadas en su proceso de tramitación.

En el sector educativo, donde se trabaja con y para las personas, se exige rigor en la argumentación de una idea. Todavía más en un texto legislativo. Así, se citan investigaciones internacionales o se dice que “se apoya en evidencias y recogen las mejores prácticas comparadas” sin concretar a cuáles se refiere; y cuando lo hace recoge resultados sin base científica o se resaltan los aspectos que convienen a una determinada ideología. Y despreciando las aportaciones pedagógicas que son fruto de años de experiencia e investigación (laicidad, equidad, educación por la ciudadanía, cohesión social…). Y sin un debate riguroso sobre el tema necesario en una ley que regula la educación de un país.

La práctica educativa debe adecuarse a los cambios sociales y a los avances de la ciencia, pero de eso no se ocupa esta ley. En el siglo XXI no es de recibo plantear un debate del XIX: la centralización, la letra con sangre entra, la lengua única, el desprecio de las humanidades, la cultura del esfuerzo medido por evaluaciones uniformes, la separación de niños y niñas, la marginación a una edad cada vez más temprana. No se entiende cómo el Gobierno que tiene la responsabilidad de la calidad de la educación pública le otorga un papel subsidiario e incluso, en la tramitación, introduce más enmiendas en beneficio de la enseñanza privada concertada como la cesión de suelo público, la corrección de pruebas, aumento de las subvenciones, etcétera, y lo hace, paradójicamente, en nombre de la cohesión educativa, equidad y bienestar social.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se aprobará mañana en el Pleno del Congreso con el voto en contra de casi todos los grupos políticos (excepto el de UPyD) y con el rechazo de la comunidad educativa. La LOMCE no está a la altura de la ciudadanía de este país.

Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio Internacional de la Profesión Docente.