El Gobierno hará cambios normativos para que Garoña continúe su actividad

El Ministerio de Industria ha firmado este viernes la orden de cese de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos), pero iniciará los cambios normativos necesarios para que siga con la actividad "si así fuera posible", ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "Dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad", el Ejecutivo procederá a dichas modificaciones normativas, ha explicado Santamaría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El BOE anunciará el sábado el cese de la explotación de esta nuclear, la más antigua de España y de características similares a Fukushima. Este anuncio podría añadir requisitos para la vuelta a la actividad distintos de los que se exigen a las centrales de nueva creación.

La Coordinadora contra Garoña ha mostrado este viernes, antes de conocer la intención del Ejecutivo, su alegría por el cierre de la central nuclear, aunque según una de sus miembros, Concha Hernani, todavía existe peligro mientras dura el desmantelamiento. La coordinadora participará en la última marcha contra Garoña el próximo domingo, en Burgos.

La Coordinadora contra Garoña coincide en la necesidad de vigilar cómo se desmantela. "Aún no ha acabado la lucha", ha señalado Hernani al tiempo que ha insistido en la necesidad de que el cierre se haga con fondos de la empresa, "que ha tenido beneficios brutales", y no se pague con dinero público. Ha insistido, además, en que la central se cierra por sus "fallos estructurales" y la fuerte inversión que supondría su arreglo, y ha rechazado que se haga por razones económicas.

La voluntad de los ecologistas para que la central cierre de manera definitiva choca con los Gobiernos de las comunidades cercanas a la nuclear, que desean que se flexibilicen los requisitos para que no tenga que clausurar su actividad.  La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, se ha mostrado este viernes convencida de que la central nuclear no se cerrará el sábado de "manera definitiva" y volverá a la producción cuando sea rentable para sus propietarios.

El consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, también se mostró el jueves esperanzado sobre la posibilidad de que el cierre de la central no sea irreversible y, al respecto, supeditó la continuidad de las instalaciones a que el Gobierno central "flexibilice rigideces" si las razones exclusivas para la clausura son económicas y no de seguridad nuclear.

La central lleva sin producir electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor de un nuevo impuesto al combustible nuclear, el titular decidió dejar de operar al considerar que este impuesto le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba inasumible.