“El Algarrobico no se salvará con la nueva Ley de Costas”

El hotel Algarrobico, todo un “icono de los incumplientos” no se puede salvar. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, aseguró ayer que este hotel de Carboneras (8.080 habitantes, Almería) no tendrá probabilidades de mantenerse en pie, ni con los últimos cambios introducidos a la reforma de la Ley de Costas. Ramos incidió en que esta mastodóntica construcción de 14 plantas, levantada dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y que invade una zona de protección de servidumbre, tiene “sentencia firme”, por lo que no se podrá evitar su demolición.

El secretario de Estado de Medio Ambiente convocó una conferencia de prensa para aclarar las dudas que se plantean tras introducir el PP una serie de enmiendas en la reforma legislativa, actualmente en el Senado. Ramos explicó que la reducción de la protección de 100 a 20 metros en la zona de servidumbre se aplicará tan solo en los casos de construcciones levantadas antes de 1988 que no pudieron regularse con la Ley de Costas vigente, aprobada en 1988.

Parar la fotografía

“Nosotros queremos parar la fotografía en este año, en 1988, no abrimos la mano al futuro”, especificó. Acto seguido mantuvo que “el debate está abierto”, por lo que todavía no se ha decidido todo. Ramos mantuvo que las casas levantadas después de 1988 en los 100 metros de la zona de servidumbre seguirán serán siendo “ilegales”.

La organización Greenpeace sembró dudas el miércoles sobre la posiblidad de legalizar parcialmente el hotel. El alcalde carbonero apuesta por que esta mole de hormigón, paralizada desde 2006, siga en pie. “Aunque sea para una residencia de ancianos, que se dedique una planta a un museo medioambiental”, propone Salvador Hernández. Con respecto a los cambios, el regidor reclama el mismo trato para todos. “Nosotros también estamos dentro del mapa”, añade.

Varios juristas consultados no ven viable la regularización de El Algarrobico, principalmente porque ocupa un parque natural. Aunque ya hay varias sentencias firmes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía debe decidir sobre la licencia de obras. Se calcula que su demolición costará 7,1 millones. El Gobierno y la Junta de Andalucía firmaron un acuerdo en noviembre de 2011, para repartirse la factura.