El Gobierno mantendrá en la cárcel a los agresores sexuales no reinsertados

El Ministerio de Justicia quiere modificar el Código Penal para crear una nueva “medida de seguridad” postpena que se añadiría a la que ya existe desde 2010 para condenados por delitos muy graves. Se trata de la “custodia de seguridad”, que permitiría mantener en prisión un máximo de 10 años al preso, una vez cumplida su condena. Lo ha anunciado esta mañana el ministro Alberto Ruiz-Gallardón tras reunirse con Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana asesinada en enero de 2009, que no considera suficiente esta medida y sigue reclamando otra más dura: la pena de prisión permanente revisable -similar a la cadena perpetua pero con la opción de devolver la libertad al reo si demuestra estar reinsertado-. Hace un mes Gallardón anunció la introducción de esta pena permanente para condenados por terrorismo, y descartó aplicarla a violadores o pederastas.

La nueva medida anunciada hoy por el ministro, la "custodia de seguridad", se aplicaría a delitos muy graves: de agresión sexual y pederastia, pero también de narcotráfico o delitos con violencia e intimidación muy graves, y a los reincidentes de ciertos delitos graves. No es prisión permanente revisable, pero se asemeja bastante: en la práctica, alarga la estancia en prisión del reo una vez cumplida la pena.

Sería el juez el que, en el momento de dictar sentencia, añadiría a la pena de cárcel la “medida de seguridad” postpena, en función del riesgo de reincidencia que presente el condenado: por ejemplo, libertad vigilada, alejamiento forzoso o la custodia de seguridad. Así, tras cumplir el reo su pena, empezaría a cumplir esa medida extra, con lo que -en el caso de la custodia de seguridad- podría permanecer hasta 10 años más en prisión. Si el juez de vigilancia penitenciaria determinase en ese momento que el preso está en condiciones de reinsertarse, podría suavizar la duración de la medida, según fuentes de Justicia.

Ruiz-Gallardón también ha adelantado que suprimirá la figura del “delito continuado” para los casos de agresión sexual (lo que implicaría penas acumuladas por cada violación y alargaría, por tanto, la condena) y que agravará la pena por “detención ilegal con desaparición forzada”, sobre todo en los casos con víctimas menores como el de Marta del Castillo.