Del coladero psíquico al plazo libre

¿Cuántos abortos se deben a motivos médicos y, por tanto, mantendrán la financiación pública, y cuántos no? Con la antigua ley de supuestos, de 1985, todo aborto necesitaba el visto bueno médico (que acreditaría riesgo para la madre, malformación del feto o violación). Ahora, sin embargo, es imposible detallarlo, ya que la mayoría de las intervenciones se hacen en las primeras 14 semanas de gestación, durante las cuales la mujer no está obligada a dar ninguna justificación. Casi 100.000 de los 113.000 abortos que se contabilizaron en España en 2010 se produjeron antes de la semana 12. Una pauta temporal que se repetía también antes de la ley de salud sexual, cuando el 97% de las mujeres alegaban riesgo para su salud para interrumpir su embarazo. Esto ha cambiado en el segundo semestre de 2010. Con la nueva ley en vigor, se registraron solo un 8% de abortos por “grave riesgo para la salud de la embarazada”.

La ley de salud sexual y reproductiva, que entró en vigor en julio de 2010, no solo cambió eso. La reforma incluyó la prestación del aborto en la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud. Y desde entonces, la sanidad pública —competencia de las comunidades autónomas— está obligada a garantizar que la mujer acceda a la intervención, sea en centros públicos o concertados. Y por tanto, debe financiarla.

En los casi dos años que lleva en marcha la norma, el grueso de las intervenciones se han realizado en clínicas privadas con conciertos con la Administración Pública. La falta de una red establecida para practicar esta prestación y problemas de objeción de conciencia de los profesionales de la pública ha llevado a las autonomías a firmar acuerdos con las clínicas acreditadas, ahogadas ahora por la deuda con la Administración, que llega a acumular facturas impagadas por más de tres millones de euros, como en el caso de Madrid. Es esa financiación pública la que estaría ahora en entredicho. Si el aborto sale de la cartera básica, la mujer puede verse obligada a pagar de su bolsillo, de nuevo, una intervención que cuesta, de media 350 euros.