Detenida una estrella del pop indonesio por porno casero

Indonesia no quiere porno en su ciberespacio. El país musulmán más poblado del mundo -el 90% de sus 240 millones de habitantes profesa esta religión- decidió censurar la Red en 2008 apoyándose en una polémica ley de pornografía que prohibe exhibiciones públicas de desnudos y cualquier comportamiento que pueda incitar a la lujuria. Las autoridades consideran este material X como "terrorismo moral" y para demostrar que su lucha contra la industria del sexo va en serio, la policía ha dado un poderoso golpe de efecto.

Nazril Ariel Irham, el cantante asiático de Peterpan -una banda de pop que ha vendido más de seis millones de discos en el país-, ha sido condenado a tres años y medio de prisión por hacer sus pinitos como pornostar en una cinta casera, que se hizo pública en junio, donde aparece con las modelos Luna Maya y Cut Tari. Ariel negó haber distribuido los vídeos y dijo que se los habían robado de su casa, pero el juez Singgih Budi Prakoso no se ablandó. "El acusado es legítima y convincentemente culpable de dar oportunidades a otros para propagar, realizar y proporcionar pornografía", sentenció.

El caso ha irritado tanto a los grupos islámicos más conservadores, que las autoridades han llegado a cerrar un restaurante de una de las novias de Nazril Irham. A pesar de esto, el sexo ha demostrado que sigue siendo un buen negocio o, al menos, el mejor reclamo publicitario. Los vídeos del treinteañero han corrido como la pólvora hasta convertirse en un trending topic [asunto más comentado] en Twitter a nivel mundial, tal y como sucedió con las cintas amateur de Pamela Anderson y Paris Hilton, que las catapultaron de vuelta a la fama. La prensa local asegura que existen otros 30 vídeos más a punto de ser publicados en Internet donde Arial aparece con figuras de la política y presentadoras de televisión, algunas de ellas casadas, según informa la agencia AFP.

El escándalo va más allá de un asunto morboso y ha reabierto el debate sobre qué tipo de país quiere ser Indonesia. La ley, que contempla penas de cárcel entre seis meses y 12 años y multas de hasta 6.000 millones de rupias -485.697 euros-, ha sido considerada por muchos como un paso atrás, ya que los inversores extranjeros confían en reformas más aperturistas para incrementar sus inversiones en este mercado emergente.