Los dependientes sabrán en seis meses qué ayuda les corresponde

Las comunidades autónomas han acordado que habrán de pasar máximo seis meses entre que la persona dependiente solicita la ayuda y se le comunica la prestación a la que tiene derecho, con lo que se agilizará el periodo que suele conllevar este trámite administrativo. Ese plazo será de treinta días en el caso de los menores de tres años, de forma que los padres podrán ampliar sus permisos de maternidad o paternidad o los correspondientes subsidios por esta razón si así lo necesitan.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia celebrado este lunes, si bien los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no han fijado el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, al término de la reunión del Consejo. Jiménez ha destacado el "gran valor político" de este acuerdo, que tendrán que incorporar las comunidades autónomas a su normativa. Las comunidades tendrán que ir incorporando este aspecto a sus propias leyes en este año.

Gobierno central y comunidades también han aprobado otro acuerdo para que se revise al menos una vez al año el funcionamiento y la eficacia de las ayudas concedidas para cuidar a los ancianos y discapacitados en casa. Se trata de evaluar que el cuidador familiar tiene la salud necesaria para desarrollar esos cuidados, la formación suficiente, que la vivienda tenga las condiciones precisas, que se cumplen periodos de descanso razonables. La ayuda económica para el cuidador familiar es la más extendida de todas. Esta inspección anual deberá ir cumpliéndose en las comunidades a lo largo de 2010.

Por otro lado, se aprobó que se incorporen equipos multidisciplinares (trabajadores sociales, enfermeros, terapéutas) para valorar el grado de dependencia del solicitante. Estos equipos revisarán las valoraciones que se hacen a domicilio y harán controles periódicos para determinar el uso correcto del baremo que se emplea en toda España para determinar el nivel de dependencia de los interesados.