La nueva Ley de Montes prohíbe cambiar el uso forestal hasta 30 años después de un incendio

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la reforma de la Ley de Montes de 2003, con el único voto en contra del Grupo Popular. El fin primordial de la norma es mejorar la eficacia en la lucha contra los incendios forestales provocados. El proyecto, que se tramitará ahora en el Senado, crea una Fiscalía especial para perseguir delitos ambientales, pone en marcha de un Fondo para el Patrimonio Natural, convierte a los guardas forestales en agentes de la autoridad y, lo más importante, prohíbe cambiar el uso forestal del suelo quemado para convertirlo en urbanizable durante al menos 30 años después de producirse el incendio con el fin de luchar contra la especulación.

El pleno del Congreso ha aprobado el proyecto -que incorpora 40 enmiendas de los grupos parlamentarios- por 187 votos a favor, 135 en contra y una abstención. Según el diputado del PSOE Sebastián Quirós, la ley "incluye un elemento preventivo para evitar desde el principio el incendio y desincentivar que haya más". Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, ha criticado la propuesta por suponer "una clara intromisión de las competencias autonómicas". Esta opinión también la han mostrado los grupos catalanes, Convergencia i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Inicitiva per Catalunya-Verds, a lo que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha contestado que "la normativa se ha redactado con exquisita atención a las competencias de las comunidades autónomas".

La nueva Ley de Montes establece, además, la creación de una Fiscalía especial contra delitos ecológicos que tendrá como función principal intervenir en los procesos penales de delitos medioambientales. Esta nueva figura también se encargará de coordinar las fiscalías de Medio Ambiente y de elaborar un informe anual, que se incorporará a la Memoria del Fiscal General del Estado.

Refuerzo de los agentes forestales

Según establece el proyecto de la nueva ley, los agentes forestales pasarán a ser considerados "agentes de la autoridad". De este modo, tendrán la capacidad de intervenir en funciones para mejorar el control y la investigación de los delitos de incendios forestales, según ha explicado Narbona.

El proyecto de Ley forma parte de las medidas prometidas por el Ejecutivo después de sufrir uno de los peores veranos que se recuerdan en cuanto a superficie quemada y que tuvo su peor momento en el incendio del Alto Tajo, en Guadalajara, donde perdieron la vida 11 personas. Así lo ha indicado la ministra Narbona, quien ha asegurado que el proyecto "responde al compromiso del Gobierno de prevenir y luchar mejor contra los incendios forestales".