Industria pedirá a los jueces que clausuren la emisión de La Otra

El Ministerio de Industria pedirá una orden judicial para clausurar la emisiones en pruebas de La Otra, el segundo canal de Telamadrid que no cuenta con la preceptiva autorización del Gobierno para emitir en analógico. A esa decisión ha llegado el departamento que dirige José Montilla tras una visita de sus inspectores a las instalaciones del Canal de Isabel II, desde donde se emite el canal, y tras constatar "la ilegalidad" de la señal.

El jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones ha acudido hoy a las instalaciones del Canal de Isabel II con la intención de impedir las emisiones, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado. Allí ha sido recibido por funcionarios del Canal de Isabel II y del propio Gobierno regional, entre los que se encontraba una letrada de este último.

Estos responsables han permitido que el inspector visitara las instalaciones, pero le han impedido que precintara los equipos invocando la legalidad vigente. Además, la letrada de la Comunidad de Madrid ha entregado al inspector de Industria un escrito de alegaciones jurídicas, en el que se especifica que en todo momento el Ejecutivo autónomo ha actuado conforme a la legalidad vigente. A juicio de la Comunidad de Madrid, se ha aplicado la legislación para poder emitir en pruebas, que es lo que está haciendo desde hace una semana. También Telemadrid ha recordado que solicitó la autorización el pasado 5 de noviembre, cuando la ley contemplaba la concesión automática de ese canal de televisión, y le fue condicionada "hasta que no se concluyeran los trabajos de planificación".

El Ejecutivo regional sostiene que, ante esta petición, el Ministerio de Industria estaba obligado a efectuar la preceptiva reserva del espacio radioeléctrico para que La Otra pudiera emitir. Por tanto, la Comunidad entiende que Industria ha incumplido la legalidad vigente en todo momento, ya que la petición es anterior a la reforma de la ley. Según el Gobierno regional, la nueva ley de medidas urgentes de impulso de la televisión digital terrestre, que se materializó el pasado mes de junio, no es aplicable a la Comunidad de Madrid por el carácter irretroactivo de las disposiciones restrictivas de derechos, es decir, que no se puede aplicar a una petición realizada en 2004.