La Fiscalía pide al Supremo que rechace el recurso de Torra contra su condena por desobediencia

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la condena a un año y medio de inhabilitación por desobediencia que le impuso en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no retirar una pancarta a favor de los políticos presos del balcón del Palau de la Generalitat. En el escrito presentado en el alto tribunal, el ministerio público impugna todos los argumentos alegados por el president para pedir la nulidad de su condena, entre otros, que sufra “persecución política”.

Si el Supremo asumiera la postura de la Fiscalía y rechazara el recurso sin entrar en el fondo, se acortarían los plazos previstos para que la inhabilitación de Torra sea firme y el president tenga que dejar el cargo. La Sala de lo Penal suele tardar entre dos y cuatro meses en confirmar las condenas cuando el recurso es inadmitido. Pero el tribunal tiene todavía que debatir el caso y decidir si actúa como pide el ministerio público o, por el contrario, admite a trámite el recurso.

Fuentes del Supremo consideran que, aunque el caso de Torra no tiene especial interés casacional, porque ya hay jurisprudencia de desobediencia y él admitió que desobedeció, el hecho de que sea un aforado juzgado por el tribunal superior catalán y sin otra opción de recurso, puede acabar inclinando la balanza a favor de la admisión a trámite. De ser así, el plazo para la sentencia definitiva se situaría entre los ocho y los 11 meses. En el caso de la sentencia por desobediencia del expresidente Artur Mas las Fiscalía se opuso también a que se admitiera a trámite y el tribunal desoyó esta solicitud y tramitó la impugnación, aunque acabó confirmando la condena pero rebajándola de dos años a 13 meses.

En el escrito presentado este miércoles en el Supremo, firmado por la fiscal Pilar Fernández Valcárcel, el ministerio público rechaza que, como alegó Torra, existiera en el tribunal catalán un “predeterminación del fallo”, o que el president haya sido condenado dos veces por los mismos hechos, primero la condena por desobediencia y luego la decisión de la Junta Electoral Central de retirarle el escaño de diputado, como consecuencia de la condena.

La fiscal defiende también la autoridad de la Junta Electoral para ordenar al president la retirada de la pancarta a favor de los políticos presos ya que esa decisión, recuerda el escrito, se produjo en plena campaña electoral de las elecciones generales del pasado 28 de abril. El ministerio público niega también que la decisión del órgano electoral vulnerara la libertad de expresión de Torra, como sostiene la defensa del presidente de la Generalitat.