La derrota del rigor entre medias verdades

La falta de rigor se les supone a los candidatos en los debates electorales. Y cumplen con esa costumbre entre silencios y medias verdades. Todo sirve para atacar al adversario político.

Pedro Sánchez (PSOE) censuró a Pablo Casado (PP) porque su partido transfirió competencias a Cataluña e indultó a terroristas de Terra Lliure. El presidente en funciones silenció que fue el Gobierno socialista de Felipe González quien más competencias transfirió a Cataluña y quien dejó tramitados los indultos a los terroristas de Terra Lliure antes de abandonar el Ejecutivo.

Casado acusó a Sánchez de no retirar la declaración de Pedralbes donde se decía que la justicia española no era independiente. El líder del PP mezcló documentos y silenció que esa apreciación pertenece a la reivindicación del Gobierno catalán que Sánchez nunca asumió.

Más información

Así hemos contado el debate en directo

Mentiras y medias verdades del debate

El debate electoral de RTVE, en imágenes

Sánchez culpó a Casado de la fuga de Carles Puigdemont. Cuando el expresidente catalán huyó de España gobernaba el PP, pero no había ninguna orden de detención contra él. Casado se defendió de la corrupción de su partido, condenado por la Audiencia Nacional en el caso Gürtel, recordando que la sala de apelaciones había asegurado, al aceptar la recusación de un magistrado para juzgar el caso Bárcenas, que la información de la sentencia era incorrecta. La sala de apelaciones nunca dijo eso, tan solo se refirió a que alguna de las apreciaciones contenidas en la sentencia correspondían a otra causa que aún está por juzgar.

Albert Rivera prometió una reforma de la ley electoral “para que los separatistas no manden” con un corte electoral del 3%. Silenció que, con ese porcentaje y con los últimos resultados, no tendrían representación en el Congreso ni Junts per Catalunya, ni el PNV, ni Compromís, ni Coalición Canaria, pero sí ERC.

Casado prometió reducir las listas de espera a 30 días. Pero la competencia para lograr ese objetivo es de las autonomías. Sánchez prometió una reforma legal para castigar en el Código Penal la celebración de referendos ilegales. Pero silenció que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero derogó esa misma medida aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar.

Santiago Abascal (Vox) acusó a PP y PSOE de favorecer a los enemigos de España, en referencia a los Gobiernos de Euskadi y Cataluña, con una financiación privilegiada. En el caso de Cataluña, su financiación está regulada por una ley y es igual a la del resto de autonomías (excepto País Vasco y Navarra). Pablo Casado atacó a Sánchez por querer derogar la prisión permanente revisable. Pero silenció que el presidente en funciones congeló esa medida a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Entre silencios y medias verdades, perdió el rigor.