Una agrupación de discapacitados intelectuales denunciará a la Junta Electoral Central ante el Defensor del Pueblo
Plena Inclusión acude al órgano constitucional porque considera discriminatorio que los partidos puedan anotar el nombre de votantes con discapacidad intelectual

La asociación de ONG de discapacitados intelectuales Plena Inclusión denunciará a la Junta Electoral Central (JCE) por permitir que los partidos puedan anotar el nombre de votantes con discapacidad intelectual durante la votación. La red de organizaciones, que representa a 900 entidades relacionadas con personas con discapacidad, acudirá al Defensor del Pueblo tras enviar una carta a la JCE en la que considera "discriminatoria" la instrucción que permite a los partidos el registro de nombres.
Durante un acto en Madrid, Plena Inclusión ha exigido a la Administración central que facilite el proceso de votación para las personas con discapacidad intelectual, lo que incluye señalización específica en los colegios electorales. En el mismo sentido, la asociación ha pedido a los partidos políticos que elaboren programas políticos de lectura fácil con contenido audiovisual comprensible y que incorporen a personas discapacitadas como miembros de los partidos políticos.
El acto de este jueves forma parte de una campaña, 'Mi voto cuenta', que se ha extendido a más de nueve provincias de toda España en las que se han celebrado encuentros informativos para resolver dudas sobre el proceso electoral y las posibilidades con las que cuentan los votantes. Durante el acto en la capital española, los activistas también han pedido que se cambie el nombre de la plaza Carlos Trías Beltrán, uno de los fundadores de la Falange Española, por el de Plena Inclusión.
Las elecciones generales de 2019 serán la primera convocatoria que permitirá votar al colectivo de personas discapacitadas, más de 100.000 en toda España. Tras la aprobación de la ley en el Congreso el pasado mes de octubre, la Junta Electoral Central permitió que los partidos anoten el DNI de votantes discapacitados si algún miembro de la Junta Electoral considera que el voto "no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria".
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