Víctimas del franquismo piden al Gobierno una disculpa pública

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que agrupa a familiares de víctimas del franquismo, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide que en el último Consejo de Ministros de la legislatura, y ante la proximidad del 1 de abril, cuando se conmemorarán 80 años del final de la Guerra Civil, haga una "declaración institucional"  de condena a la dictadura y de reconocimiento a los represaliados. En la misiva, la ARMH solicita, además, una "disculpa pública" a los familiares de los fusilados que aún yacen en fosas y cunetas.

El texto solicita al Gobierno que "reconozca como padres y madres de la democracia a quienes la constituyeron por primera vez tras la aprobación de la Constitución de 1931" y a los hombres y mujeres que "se enfrentaron al fascismo para defender el resultado de las elecciones democráticas de febrero de 1936";  que condene la "persecución de los homosexuales y lesbianas que fueron encarceladas e incluso ingresadas en centros psiquiátricos y sometidas a electroshocks", el "maltrato a la mujer, convertido en política de Estado" y a todos los "sectores económicos, políticos, culturales, académicos o religiosos que de algún modo se beneficiaron de la represión".

La carta pide también un recuerdo especial para los maestros, un colectivo especialmente perseguido por el franquismo, y una petición oficial de perdón a los familiares de los fusilados "que han visto pasar más de 40 años de recuperada democracia sin que ningún Gobierno del Estado haya asumido como propia la responsabilidad de garantizar la verdad, justicia y reparación para esas familias".

El Gobierno trabaja en la actualización del mapa de fosas y un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos del franquismo, pero no cuenta con dinero para llevarlo a cabo. El proyecto de Presupuestos, tumbado por el PP, Ciudadanos y los independentistas, preveía una partida de 15 millones de euros para esas tareas. La ARMH considera, en cualquier caso, la demora. "Para gente que lleva 80 años esperando, los ocho meses en los que el Gobierno no ha hecho nada pueden haber sido el resto de su vida", afirma Emilio Silva, presidente de la asociación.