El alcalde de Torres Torres (Valencia) y narcotraficante confeso tira la toalla y dimite

Rafael Gil Ballester, narcotraficante y malversador confeso, que el martes aceptó una condena de siete años y 11 meses de cárcel, ha tirado este jueves la toalla y ha presentado su dimisión como alcalde de Torres Torres (Valencia). Dos días antes pactaba un acuerdo para no entrar en prisión con la Fiscalía, que inicialmente pedía para él 30 años de cárcel. Pese a que los jueces tienen la última palabra, Gil estaba tan contento que aseguraba que iba a acabar la legislatura. No descartaba, incluso, volver a presentarse a las elecciones del año que viene.

El ruido mediático del caso ha cambiado las tornas. La reducción de penas acordada —de la petición inicial de 30 años a los siete y 11 meses— está firmada y no se puede cambiar. Pero ahora no está nada claro que la fiscal no vaya a oponerse a la suspensión de la ejecución de esa condena, que solicitará la defensa de Gil en la vista que se celebrará una vez se dicte sentencia, dentro de unas semanas. El acuerdo permitía la condena sin juicio de 39 de los 41 acusados, miembros de una organización “perfectamente estructurada”. Tras el pacto, solo se prevé que dos ingresen en la cárcel, si bien otros seis llevan en prisión provisional desde 2016.

En 48 horas, su idea de mantenerse en la alcaldía del pueblo de 640 habitantes, situado a 40 kilómetros de Valencia, se revelaba insostenible. La polvareda generada por el pacto y su actitud prepotente llevó al ministerio público a replantearse su postura, aseguran fuentes del caso.

El pasado martes, en la segunda jornada del juicio celebrado en la Audiencia de Valencia, Gil confesó su pertenencia a una organización criminal que producía grandes cantidades de marihuana en España y la enviaba a Lituania. La droga era trasladada por la empresa de transportes del exalcalde oculta entre palés de fruta y latas de tomate, y redistribuida después a los países nórdicos. El exregidor también admitió malversación, blanqueo, encubrimiento y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Gil se presentó en 2015 en la lista municipal del PSPV-PSOE, que lo echó un año más tarde tras ser detenido en una operación lanzada conjuntamente por la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En la investigación resultó clave la declaración de un testigo protegido de nacionalidad lituana.

Durante la legislatura anterior, Gil había sido teniente de alcalde del PP, partido que abandonó tras lo que califica de problema personal con un compañero. El martes, cuando todavía se imaginaba optando a la reelección, decía que en realidad su única ideología era “hacer cosas por Torres Torres”. También negaba, pese a su propia confesión, haber cometido delitos. La presión ejercida por los partidos con representación en el Ayuntamiento, PP, PSOE y Compromís, que planeaban una moción de censura, además del cambio de ánimo en la Fiscalía y los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia le han llevado finalmente a decidir dejarlo.

Única fuente de ingresos

“He terminado mi carrera política y me tendré que dedicar a trabajar”, ha declarado este jueves. El mayor obstáculo para su dimisión en las horas previas a la misma residía en el hecho de que Gil percibía unos 600 euros al mes del Ayuntamiento, su única fuente de ingresos tras la quiebra de su empresa, según fuentes conocedoras de la negociación que precedió a su renuncia. Gil ha rehusado hablar sobre la cuestión con este periódico.

Torres Torres tendrá como alcalde en funciones al hasta ahora teniente de alcalde, Vicente Cabo, del PSPV-PSOE, indicaron fuentes del partido. Gil renunció también al acta de concejal, lo que abre la puerta a un pacto como el alcanzado al inicio de la legislatura por socialistas y Compromís. De lo contrario, la alcaldía pasará previsiblemente al PP, que fue la fuerza más votada hace tres años.

Junto al alcalde de Torres Torres otros 38 miembros de la red de narcotráfico alcanzaron el martes un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El pacto ahorró la celebración del juicio, redujo sustancialmente las penas solicitadas inicialmente por el ministerio público y abrió la puerta a que la mayoría de los condenados puedan evitar el ingreso en prisión, gracias a una fórmula excepcional incorporada al Código Penal en 2015.

Esta permite a los jueces suspender la ejecución de condenas superiores a dos años de cárcel. Para ello, las penas de cada delito al que un reo es condenado no deben superar, de forma individual, los dos años de cárcel, aunque la suma de las mismas sí lo hagan.