El Supremo rechaza la denuncia de Torrent contra Llarena y otros tres jueces
El tribunal advierte al presidente del Parlament de que tenía que haber presentado una querella
El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, contra Pablo Llarena y otros tres magistrados de la Sala de Apelaciones al no cumplir el requisito de haber sido formulada mediante querella, como exige el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según la sala, este defecto de forma es suficiente para acordar el archivo de las actuaciones. Torrent puede ahora volver a pedir que se actúe contra los cuatro jueces que están instruyendo (Llarena) y revisando (en el caso de los magistrados de la sala que analiza los recursos, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro) la causa abierta contra los líderes del procés pero tendrá que presentar una querella.
Torrent ha afirmado que la Cámara no se "quedará de brazos cruzados" después de que el Tribunal Supremo no haya admitido la denuncia. En declaraciones en el Parlament,Torrent ha apuntado que ya se "temía" que el Supremo alegara el defecto de forma y ha asegurado que fueron los letrados de la Cámara quienes le aconsejaron que adoptara esa vía. "Intuíamos que el Tribunal se iba a acoger a esa excusa y ya trabajamos en otras opciones. No nos vamos a quedar pasivos", ha dicho Torrent.
El presidente del Parlament presentó la denuncia el pasado 15 de junio después de que en abril, la mayoría independentista en la Mesa del Parlament acordara en dos reuniones de abril denunciar a los magistrados al considerar que se estaban vulnerando los derechos políticos de los diputados que estaban en prisión preventiva por supuestos delitos de rebelión y malversación o en Bélgica, a la espera de que la justicia de ese país decidiera sobre su extradición.
Imaginábamos que iban a utilizar esa excusa. No nos vamos a quedar de brazos cruzados", afirma el presidente del Parlament
La presentación de la denuncia ha generado una bronca política al asegurar José Maria Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, que Torrent había incumplido los acuerdos de la Mesa del pasado mes de abril al defender que se habían limitado a estudiar y a ejercitar si procedía a acciones penales. Sin embargo, fuentes de los servicios jurídicos de la Cámara han confirmado la versión de Torrent en varios puntos: aseguran que desde un principio vieron elementos para ejercer la acción penal; que aconsejaron la interposición de una denuncia y que el acuerdo adoptado el día 24 de abril permitía presentar la denuncia sin un nuevo acuerdo del órgano de gobierno.
"Torrent miente y ha actuado por su cuenta y riesgo. Es gravísimo. Ha patrimonializado el Parlament y lo usa como su cortijo", alegó, sin embargo, José María Espejo-Saavedra, diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Parlament, que ha asegurado que en la reunión de la Mesa de hoy ni el secretario general de la institución ni la letrada tenían conocimiento de la denuncia. El documento lo redactó finalmente el gabinete de Presidencia de la Cámara.
Los letrados de la Cámara han ratificado que aconsejaron a Torrent presentar la denuncia
Ciudadanos había advertido hace semanas que si Torrent obligaba a los letrados a redactar la querella o una denuncia podrían estar incurriendo en un delito de malversación al utilizar la institución como parte. De hecho, la denuncia la ha redactado el propio equipo de Presidencia de Torent. La formación naranja quiere que se convoque una junta de portavoces para aclarar el asunto. El PSC se ha alineado con Ciudadanos y ha considerado que Torrent se precipitó al presentar la denuncia al asegurar que aún no existía el informe jurídico de los letrados y que, por tanto, no había actuado con la cautela que le pidió la Mesa.
"Torrent miente y ha actuado por su cuenta y riesgo. Es gravísimo. Ha patrimonializado el Parlament" , afirma Ciudadanos
La denuncia presentada recogía los intentos frustrados de investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. Según el texto, mantener en la cárcel a los diputados supone un "ataque contra la división de poderes y el autogobierno” y viola la autonomía organizativa del Parlament tiene autonomía organizativa en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.
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