El Gobierno avisa de que el rescate del ‘Aquarius’ no marca un precedente

Desde Valencia la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, coordinará, en estrecha colaboración con el presidente de la comunidad, Ximo Puig, todo el dispositivo de recepción y destino de los más de 600 inmigrantes que navegan hacia el puerto valenciano. Este operativo incumbe a seis ministerios cuya red empezó a funcionar desde el domingo pasado, una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a la vicepresidenta para tratar sobre la ayuda a los inmigrantes abandonados a su suerte.

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Desde el Gobierno se habló con autoridades italianas y maltesas, pero pronto se vio que de ese lado no había nada que hacer respecto al desembarco de los inmigrantes, entre los cuales hay 123 menores que van solos. Estos se quedarán bajo protección de la Generalitat valenciana. Del resto, se estudiará caso por caso para que ver en qué situación se pueden quedar.

El temor al “efecto llamada” es patente en el Gobierno, que en todo momento insiste en que no se trata de que España marque “un precedente” de modo que puedan venir todos los inmigrantes que nadie acoja, sino que ha sido una respuesta “humanitaria”. La legalidad internacional, a la que apelan, obligó al Gobierno de Sánchez a intentar salvar a los inmigrantes, razona el Ejecutivo socialista. Italia colaboró una vez que tuvo la certeza de que ni un solo inmigrante iba a tocar su suelo. Se prestó a poner en marcha a dos barcos para trasladar a Valencia a 500 de los más de 600 inmigrantes recogidos por el barco fletado por dos ONG. El Aquarius solo podría haber alcanzado las costas de Valencia o Baleares. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, aceptó de inmediato la posibilidad de que fueran a las islas como también planteó Calvo.

En paralelo a esta “obligación humanitaria”, el Gobierno quiere llamar la atención de la Unión Europea para que aborde la situación de la inmigración en conjunto y no cargue a un país —Italia, Grecia o España— con la responsabilidad.