Condenan a la Universidad de Vigo por fraude académico

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo ha concluido que hubo "fraude y un absoluto engaño" por parte de la Universidad de Vigo hacia los 75 alumnos de Ciencias Políticas que se matricularon en este campus para obtener un título superior de Técnico en Criminología, cuando las autoridades académicas sabían que no podían ofertarlo.

El fallo supone que 21 de los alumnos que recurrieron a los tribunales percibirán una indemnización de 7.500 euros por daños morales y patrimoniales, cerrando así un largo contencioso judicial y administrativo de tres años que fue dando la razón a los afectados como ya lo hizo el propio Tribunal de Garantías de la Universidad de Vigo, el Valedor do Pobo y el Consello Consultivo de Galicia.

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Precisamente la sentencia del juzgado vigués a la demanda presentada a través de la plataforma de afectados Coacyd, contra el que no cabe recurso por parte de la Universidad de Vigo, recoge el criterio del Consello Consultivo de aumentar la cuantía de la indemnización a los alumnos en 2.500 euros más respecto a los 5.000 que se habían fijado para todos ellos por la vía administrativa.

Si el fraude por cursar unos estudios que supuso la pérdida de tiempo para los alumnos y el engaño en la oferta de un título académico creado por la Universidad de Vigo a sabiendas de que no podía otorgarlo “es completo”, dice la sentencia, todavía lo fue más para el magistrado, Antonio Martínez Quintanar, el falso diploma que se confeccionó para sustituir al verdadero título al que optaban los denunciantes.

Cree que esta certificación académica -“un engaño de la magnitud y dimensiones del que se produjo en relación con el denominado título intermedio en Técnico en Criminología”-, es impropia y pone en evidencia "un indudable funcionamiento anormal" de la universidad al ofertar un título intermedio que no podía conceder y que los alumnos consideraron como "un elemento decisivo" para en su formación académica en Criminología.

El título de graduado superior en Ciencias Policiales y Detective Privado comenzó a impartirse en el curso 2005-06 ofertó cuando los alumnos habían superado los dos primeros ciclos y de “imposible expedición por la Universidad”, sostiene el juez. Los alumnos recibieron la acreditación de un curso de formación de técnico en Criminología en lugar del diploma oficial y con habilitaciones profesionales que les había prometido la Universidad cuando se matricularon.

El juez admite el argumento que alegaron los alumnos al afirmar que “la Universidad les tomó el pelo”, y que “se vieron privados de acreditar formación oficial universitaria” a efectos de acceder a procesos selectivos, concursos y oposiciones, becas o programas internacionales.

El colectivo de afectados no consiguió, sin embargo, que prosperase la querella que había presentado contra el director de la titulación, Javier de Vicente Remesal. Ellos alegaron que este título en cuestión tenía un director responsable al que el rector encargó un expediente disciplinario que finalmente se cerró por no considerarlo responsable del “engaño o fraude académico” en contra de los indicios que encontraron otros organismos consultivos como el Valedor do Pobo.

Pero la batalla judicial de los alumnos no ha terminado porque está pendiente de la resolución a la demanda presentada por otro grupo de estudiantes contra las autoridades académicas en esta Universidad. El cobro indebido de tasas, la falta de calidad de los planes de estudio y varias irregularidades en la composición de los tribunales que debían evaluar sus proyectos fin de carrera, son algunas de las reclamaciones.