Batalla política en las ‘cárceles’ de extranjeros

No son cárceles, pero lo parecen. Son centros en los que viven encerrados extranjeros que no han cometido delito junto con personas con antecedentes penales. Son los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, convertidos en el centro de una batalla política entre los Ayuntamientos de las dos principales ciudades españolas y el Gobierno. La pugna ha sacado a flote algunas de las contradicciones y carencias de estas instalaciones repartidas por toda España y concebidas como una antesala de la expulsión. Un informe del Defensor del Pueblo publicado ayer indica que apenas el 41,3% de los internados en los CIE fueron expulsados en 2015. En total, 6.930 personas fueron internadas en 2015 en los CIE por orden del juez, según el informe.

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Los internos pueden permanecer en el CIE un máximo de 60 días, el periodo de privación que los jueces suelen dictar. Si no se les ha expulsado en ese tiempo, quedan en la calle. Es lo que le sucedió a J., un nigeriano detenido esta primavera en el sur de España y que pasó 56 días en el CIE de Aluche en Madrid. Lleva once años en España, pero caducó su residencia y no pudo renovarla por no tener trabajo. Le fueron a buscar a su casa, donde vive con su mujer y su hijo, y acabó internado en el mastodóntico edificio amarillo pastel de la periferia madrileña, donde hace pocos días ha desembarcado medio centenar de subsaharianos llegados en patera. “Allí no hay nada que hacer. Tenía mucho miedo de que me devolvieran a mi país”, cuenta J. Durante el tiempo que pasó encerrado dejó de buscarse la vida y por tanto de ingresar dinero. El casero amenazó con poner a su familia en la calle. “Un día, a las cuatro de la tarde, me soltaron en la puerta del CIE”, explica este treintañero que salió igual que entró, sin los papeles, pero tras casi dos meses de internamiento y sin entender la lógica del sistema.

“A los que no se expulsa, se les priva de libertad de manera gratuita, por eso creemos que estos centros no cumplen su misión”, sostiene Santiago Yerga, de Pueblos Unidos, una de las ONG que tienen permiso para entrar y que visita a los internos de lunes a viernes a través de locutorios. Yerga cree que el caso de J. es una práctica relativamente habitual. “Se guardan tres días para poder hacer expulsiones exprés más tarde”. Cuenta también que a muchos no se les expulsa porque sus países de origen no les reconocen o se niegan a subirse a los vuelos comerciales o un juez paraliza la expulsión si hay indicios de arraigo.

Un portavoz de Interior explica que la privación de libertad es una medida “excepcional” y detalla que el tiempo medio de estancia en los CIE en 2015 fue de 27,2 días. Respecto al pulso del Ayuntamiento de Barcelona y las iniciativas de Madrid y Valencia que buscan alternativas a los centros de extranjeros, Interior asegura que “ni el Gobierno ni ninguna Administración pública pueden decidir si existen o no, pues su existencia es consecuencia de una ley orgánica que todas las Administraciones Públicas deben respetar y cumplir”. Inciden, además, en que los CIE son acordes con la directiva de retorno europea. Interior rehúsa facilitar sus cifras de expulsiones ni de cuántos internos tienen antecedentes penales. Sí detalla que en la actualidad hay 527 personas en los CIE.

16.851 personas entraron en España en 2015 de forma irregular, según datos del Defensor del Pueblo. Un total de 36.327 extranjeros fueron detenidos por violar de la ley de extranjería (podrían haber entrado ese año o en años anteriores) y 10.594 expulsados.

Las expulsiones difieren de un centro a otro y por nacionalidades. Karibu visita a subsaharianos y de los 173 visitados, solo el 17% fue expulsado, la mayoría nigerianos y senegaleses. Han detectado también que cada año se incrementa la media de estancia en España. En 2015, el 49% de los subsaharianos que visitaron llevaba más de nueve años en España. Las ONG creen que los actores sociales deberían tener más presencia y la policía menos.

Roberto Villena, secretario general del Sindicato Unificado de Policía de la comunidad valenciana, cree que los CIE “son necesarios para cumplir la ley de extranjería y hacer las expulsiones”. Pero también se queja de que ellos realizan tareas que no les corresponde. “No queremos estar aquí. ¿Qué pintamos dándoles fuego o viendo si podemos echarles una carta al buzón? Está el que se hunde, el que llora… Hacemos trabajos de asistentes sociales y nuestras cualificaciones son otras. Lo que hace falta aquí es asistencia psicológica permanente”.