Patxi López recurre contra el Gobierno sin notificar el texto a la Mesa

El Congreso de los Diputados formalizó este jueves ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el Gobierno por negarse a cometerse al control de la Cámara durante los cuatro meses que estuvo en funciones entre las elecciones del 20 de diciembre y la nueva convocatoria para el 26 de junio. El presidente del Congreso, Patxi López, ha tramitado este recurso ante el tribunal sin dar a conocer el texto concreto y, sobre todo, sin remitírselo antes a la Mesa de la Diputación Permanente, órgano de Gobierno de la Cámara en este momento.

La presentación fue decidida por el Pleno y luego por la Mesa y los letrados han redactado el texto al que dio el visto bueno López. Legalmente no hay obligación de dar traslado previo a la Mesa, pero varios miembros consideran una descortesía que no lo haya hecho, dada la gravedad del conflicto institucional.

El presidente tiene previsto hacerlo el martes, cinco días después de la presentación formal, y fuentes del Partido Popular anuncian que ese día expresarán su protesta.

El recurso sin precedentes se presenta contra la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no someterse al control del Parlamento por entender que no es el Congreso que le eligió en su momento. La sentencia tendrá carácter simbólico porque llegará cuando haya terminado el objeto que motiva el recurso, pero servirá para resolver situaciones futuras si llegan a producirse en el futuro.

Sentencia desde agosto

Desde ahora, el Tribunal Constitucional “dentro de los 10 días siguientes, dará traslado del mismo al órgano requerido y le fijará el plazo de un mes para formular las alegaciones que estime procedentes”. Es decir, que el Gobierno tendrá que presentar un escrito de alegaciones como el que ya entregó en el Congreso explicando que no tiene obligación de someterse a ese control. De esa forma explicó los sucesivos plantones a la Cámara de Mariano Rajoy y de media docena de ministros en funciones que fueron convocados por el Congreso.

Luego, una vez transcurrido ese mes el Tribunal Constitucional tendrá que emitir una sentencia. Ese plazo termina en agosto, pero cabe la posibilidad de que se demore hasta septiembre por no ser un mes hábil.

Solo el PP se opuso en el Congreso a la presentación del conflicto de atribuciones.