El plantón del Gobierno al Congreso escandaliza a los expertos

La decisión del Gobierno en funciones de no someterse al control del Congreso de los Diputados, certificada este jueves con la ausencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, en la comisión de Defensa de la Cámara baja, causa estupor entre los expertos en Derecho Constitucional. “No hay por dónde cogerlo, nadie razonable puede defender que el Gobierno se sustraiga al control del Parlamento, es la esencia misma de la democracia”, sostiene la catedrática de la Universidad de Málaga María Luisa Balaguer. “El Gobierno tiene obligación de comparecer; lo que ha hecho Morenés es un disparate”, afirma su colega Javier Pérez Royo, de la Universidad de Sevilla.

La incapacidad de los partidos políticos para nombrar un presidente, derivada de la enorme fragmentación del Congreso tras las elecciones del 20-D, ha propiciado situaciones inéditas en la democracia. Algunas, como la obligación de convocar nuevos comicios si la Cámara no logra elegir un presidente antes del 2 de mayo, están reguladas con claridad en la Constitución. Otras, como el papel del Rey tras la investidura fallida, dejan cierto margen para la interpretación. Y otros escenarios, como el control parlamentario del Ejecutivo en funciones, no aparecen contemplados en la Ley Fundamental ni en la extensa literatura académica sobre la misma.

La catedrática de Constitucional de la UNED Yolanda Gómez recuerda que la Ley del Gobierno, de 1997, establece en su artículo 26 que “todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales”, es decir, del Congreso y el Senado. Gómez destaca que esta norma no distingue entre un Gobierno de plena competencia y un ejecutivo en funciones. “No hay base legal para decir que el Gobierno no está sometido a responsabilidad en el tiempo en funciones (...), si estamos seis meses con un Gobierno en funciones es inconcebible que no pise el Parlamento,”, afirma Gómez.

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy sostiene que no se puede someter al control de un Congreso que no le ha otorgado su confianza. Contra esta idea, Gómez responde: “El Gobierno responde ante el representante de la soberanía popular en cada momento, no solo ante los 350 diputados que le dieron le votaron —o no— en su momento”.

Para desbloquear la situación, la catedrática de la UNED sugiere que el presidente del Congreso, Patxi López, garantice que cada acto parlamentario de control se ceñirá estrictamente al ámbito que le corresponde, de modo que una comisión de Defensa, por ejemplo, “no se convierta en un pseudodebate de investidura”.

Su colega Antonio Torres del Moral, también catedrático de la UNED, coincide en que el argumento de la vicepresidencia del Gobierno, de quien dependen las relaciones con las Cortes, para no someterse al control parlamentario es “espurio”. “El principio democrático impide que haya un poder irresponsable. El Gobierno tiene que atenerse a las circunstancias en las que está”, afirma Del Moral.

“El Partido Popular está superando el derecho con los hechos porque no les conviene, están innovando el Derecho Constitucional constantemente”, ironiza la catedrática de Málaga María Luisa Balaguer. Según ella, “el control parlamentario ahora es más democrático que nunca porque acaba de hablar el pueblo”, en referencia a las elecciones del pasado 20 de diciembre. Esta experta afirma que de llevar el argumento del Gobierno al extremo “el Parlamento debería estar cerrado y los parlamentarios no cobrando, porque no ejercen funciones parlamentarias”.

“Lo que ha hecho Morenés es un disparate, es un síntoma del desmoronamiento del sistema político, no hay institución que funcione razonablemente y esto ha llegado al disparate. Yo ni respondo y sigo de Gobierno, una cosa es que no se le pueda pedir responsabilidades y otra que no dé explicaciones”, se indigna el catedrático sevillano Pérez Royo.