300.000 dependientes moderados se incorporan desde hoy al sistema

Con tres años de retraso sobre lo previsto, unos 310.000 dependientes moderados deberían empezar este mes a recibir la prestación a la que tienen derecho en virtud de la Ley de Dependencia de 2007. El Ejecutivo decidió retrasar la inclusión de este colectivo al llegar al Gobierno en 2011. Actualmente hay 745.159 personas recibiendo una prestación (plaza de residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia...). Las nuevas incorporaciones supondrán un 40% más. Los colectivos afectados dudan que las comunidades puedan hacer frente al gasto. 

Los recortes que impuso el Gobierno en el segundo Consejo de Ministros tras las elecciones de 2011 —que incluyeron una subida de impuestos y un tajo de 8.900 millones de euros al gasto público— también alcanzaron a la Ley de Dependencia. El Ejecutivo declaró una moratoria de un año para la entrada en el sistema de los dependientes moderados (grado 1). Afectó a las personas con un grado más leve de dependencia (ancianos con movilidad reducida, enfermos de alzhéimer en los primeros estadios de la enfermedad, entre otros), que para entonces ya habían sido examinadas y tenían derecho a ser asistidas con dinero público.

En julio de 2012, el Gobierno anunció un nuevo parón, que ha acabado convirtiendo un año de espera para recibir las ayudas en tres. Con datos a 31 de mayo, el número de dependientes que esperan recibir una prestación son 132.191. Sumados a los 745.159 que ya la reciben, y a los aproximadamente 310.000 que ahora se incorporan, son unos 1,2 millones. El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad no tiene datos sobre cuántos dependientes han fallecido mientras estaban en lista de espera. Un informe reciente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calculó que más de 100.000 personas han muerto desde 2012 sin recibir la prestación.

La mujer de I. C., de 42 años, tiene reconocido el grado 1 de dependencia desde noviembre de 2011. Él dejó de trabajar como autónomo para atenderla “las 24 horas del día”. Solicitó una prestación como cuidador no profesional. Relata que llevan “años de mucho sufrimiento, ingresos en el hospital, operaciones...”. Han sido desahuciados y recurren a Cáritas y a vecinos de su pueblo, Escalona (Toledo), para comer. El único ingreso que tienen es una pensión de discapacidad de unos 300 euros. Durante estos años, ella ha empeorado, pero el sistema no tiene constancia de ello, denuncia I. C., que lamenta la falta de información. Reconoce que no sabe cómo pedir la prestación a la que supuestamente tienen derecho desde este miércoles.

La incorporación de este colectivo no cuenta con una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, lo que ha despertado suspicacias entre los profesionales del sector. Un portavoz del ministerio asegura que el dinero necesario se dotará mediante una ampliación de crédito cuando se sepa exactamente cuántas personas serán atendidas. “La mayor parte de los nuevos beneficiarios ya están valorados”, añade, lo que debería ahorrar tiempo en los trámites. Las comunidades autónomas tienen seis meses para enviar la lista de los nuevos dependientes al Imserso, el organismo que gestiona el sistema de ayudas. Cuando se conozca el número definitivo, Sanidad pedirá la ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda, explica esta fuente.

José Luis Gómez-Ocaña, coordinador nacional de las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, cree que “difícilmente se va a introducir a este colectivo con el mismo presupuesto”. Duda que las previsiones se vayan a cumplir. “No nos fiamos del Gobierno”, asegura. También predice “mucha burocracia” y que “las peticiones de los afectados se van a ir demorando en el tiempo”.

Gómez-Ocaña recuerda que la financiación de la dependencia se reparte entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y el copago de quienes reciben el servicio. “El dependiente cada vez pone más dinero”, señala, y recuerda que el Gobierno solo está aportando el 17% del coste total, “cuando le correspondería entre el 45 y el 50%”. De ahí que crea que la incorporación de los dependientes moderados “va a asfixiar a las comunidades, que van a dejar de atender o soportar a pulmón con sus propios recursos”. “Nos hubiera gustado que la partida de ampliación de crédito hubiera estado reflejada en los presupuestos generales. El Gobierno tendría que haberlo previsto”, concluye.