Causas “ágiles” y sin “preculpables”

El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acota la instrucción de los casos según la complejidad, y cambia el término imputado por investigado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que este cambio responde a una "demanda social muy clara" que busca agilizar causas, “especialmente las relacionadas con la corrupción”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha incidido en que el cambio del término imputado por investigado busca acabar con esa figura de “preculpabilidad” y permite “favorecer la presunción de inocencia que lógicamente debe acompañar a cualquier ciudadano antes de una condena".

Estas son algunas de las claves de la nueva Ley de Enjuiciamiento criminal:

• Los imputados pasan a llamarse investigados. Los imputados en las investigaciones judiciales pasarán a denominarse investigados para evitar que se dañe su imagen ya que este término se suele vincular a culpabilidad. Cuando haya un auto de acusación se denominarán encausados.

• Instrucciones más cortas. La instrucción de las causas se fija en seis meses para causas sencillas y 18 meses máximo para las causas complejas. Sin embargo, hay procedimientos en los que se puede ampliar de forma excepcional hasta 36 meses. El ministro Rafael Catalá ha defendido que estos tiempos coinciden con los de la actual instrucción de la mayoría de los procedimientos y ha precisado que se puede ampliar “más allá de esos límites” si se considera necesario.

• Intervención de comunicaciones electrónicas. La nueva norma regula la intervención de comunicaciones a través de cualquier soporte, ya sea por teléfono, como SMS o mensajes de Whatsapp o a través de Internet, correos electrónicos, etc.

• Figura del decomiso. Se amplía la intervención de bienes de implicados en casos de corrupción de forma que abarca al patrimonio propio del investigado y de terceros. De esta forma, se pretende poder recuperar el dinero defraudado como consecuencia de los delitos, especialmente los de corrupción, en el caso de obtener una condena.

• Doble identidad. La norma permite a los policías navegar por la red con una identidad falsa en investigaciones de delitos tecnológicos.

• Pinchazos telefónicos, con autorización. El Gobierno ha abandonado su idea de que Interior pudiera intervenir las comunicaciones sin autorización, tras atender las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, que las consideraron de "difícil encaje constitucional".

• Vía para incorporar jurisprudencia europea. El ministro también ha adelantado la creación de "un cauce procesal para la incorporación al Derecho española de las sentencias que se puedan dictar en el futuro por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).