El Gobierno inicia los trámites para recurrir la ley catalana de exteriores

El Gobierno ha iniciado ya los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea de Cataluña, que sirve de paraguas para el despliegue diplomático de la Generalitat en el extranjero. Según fuentes gubernamentales, el Consejo de Ministros acordó el pasado día 23 pedir un informe sobre la constitucionalidad de la norma al Consejo de Estado, un paso previo a la presentación del recurso, para lo que dispone hasta el próximo día 12.

Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS admiten que la inconstitucionalidad de la ley de Acción Exterior no es tan evidente como la de la Ley de Consultas, que la pasada semana fue tumbada por unanimidad del alto tribunal. “No es tan grosera, se mueve en un territorio de grises, aparentemente respetuoso con la legalidad”.

Pese a ello, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, es partidario de impugnarla porque cree, como dijo el consejero catalán de Presidencia, Francesc Homs, cuando la presentó en marzo de 2013, que su objetivo es poner en marcha “estructuras de Estado” para preparar la secesión.

Curiosamente, la ley de Acción Exterior catalana, que declara como objetivo proyectar a Cataluña como “un actor internacional”, se parece mucho a la española: crea un consejo interministerial, prevé la elaboración de un plan de acción exterior, potencia la diplomacia pública e incluso habla de una marca Cataluña, equivalente a la marca España. El único guiño al proceso soberanista es “el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos” como uno de sus principios rectores. Lo que no hay, más allá de lo regulado en otras leyes, son mecanismos de coordinación de la acción exterior catalana con la española ni un reconocimiento expreso de que la primera se subordina a la política exterior del Estado, competencia exclusiva del Gobierno, pese a que proclama el principio de “lealtad institucional mutua y la búsqueda de sinergias con el Gobierno del Estado y las demás Administraciones públicas”.

Además del recurso ante el Constitucional contra la ley de Acción Exterior, que suspendería su aplicación, el Gobierno se propone impugnar, en este caso por la vía contencioso administrativa, la creación de las delegaciones de la Generalitat en Roma (Italia) y Viena (Austria) y el cambio de denominación de su delegado en Bruselas que pasa a llamarse representante permanente.