La Seguridad Social modera el impacto del gasto en pensiones al 14% del PIB hasta 2050 tras la alarma por su elevado coste

El impacto que tiene el creciente gasto en pensiones en las cuentas públicas es un asunto espinoso con el que suelen batallar Gobierno y oposición, además de los propios expertos entre sí. Con la intención de garantizar la sostenibilidad financiera futura del sistema, el Gobierno ha presentado este jueves “una herramienta de proyección de gasto más potente y fiable que ninguna otra hasta el momento”. Así describen fuentes de la Seguridad Social el nuevo modelo de cálculo, que han denominado INTegraSS y que rebaja el impacto de la factura de las pensiones en el PIB tras la inquietud que han expresado diferentes voces sobre su elevado coste.

Este instrumento, apadrinado en su presentación por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ofrece “la proyección del sistema más ajustada a la realidad que se puede hacer ahora, indican desde el Ejecutivo. Y el resultado de los primeros cálculos con esta herramienta prevé un impacto del gasto en pensiones más moderado que los realizados hasta el momento por otros agentes implicados, como la Airef (autoridad fiscal) o la Comisión Europea. En concreto, INTegraSS indica que la factura del sistema, incluyendo todo tipo de pensiones, contributivas (también las de clases pasivas, las de los funcionarios) y asistenciales ascenderá a un promedio del 14% del PIB en el periodo 2022-2050, que es el analizado por esta herramienta, frente a unos porcentajes más elevados, como el 14,4% calculado por la autoridad fiscal, o el 15,4% de Bruselas (que corregido baja a 14,6% de media en dicho periodo). En la actualidad, el gasto en pensiones está algo por debajo del 13% del PIB.

Para llegar a estas estimaciones, menos alarmantes que las avanzadas por los citados organismos y otros expertos en pensiones que han advertido sobre la insostenibilidad del sistema actual, la Seguridad Social se sirve de todas las bases de datos que maneja y que incluyen todas las pensiones en vigor; los flujos de altas y bajas; las prestaciones reconocidas y detalladamente desglosadas (por edad cumplida, año de nacimiento y sexo) de 34 generaciones de trabajadores españoles (desde 1938 a 1972), así como todas las jubilaciones parciales. Estas bases de datos se combinan con las proyecciones que han elaborado los responsables de la herramienta del escenario macrodemográfico (que refleja fundamentalmente la evolución del PIB, la población activa y la inactiva).

En este punto, los responsables del nuevo modelo de proyecciones destacan que incluso las estimaciones macroeconómicas y demográficas que han incorporado son las oficiales del INE con “ajustes incluso conservadores” que reflejan la marcha de todos estos indicadores en los últimos años. No obstante, el resultado podrá ser utilizado por el Gobierno para adelantarse en la toma de decisiones sobre el sistema, —de hecho se publicarán sus resultados de forma periódica— pero, de momento, no se utilizarán por parte de la Comisión Europea, que elabora sus propias estimaciones en su informe de envejecimiento (Ageing Report) y seguirán haciéndolo. Estos cálculos comunitarios son los oficiales y de los que parte la Airef para hacer su evaluación del sistema.

El porcentaje de gasto en pensiones es importante a la hora de analizar la sostenibilidad del sistema y es una pieza clave en el diseño de las cuentas públicas. La última reforma de pensiones estableció una llamada cláusula de cierre —que sirvió para que los cambios recibieran el visto bueno de Bruselas como parte de los hitos del plan de recuperación— que consiste en que si el gasto en pensiones crece demasiado en relación con los ingresos del sistema, se deberán tomar medidas para corregirlo.

El organismo encargado de evaluar la marcha del sistema es la Airef, que debe emitir un informe cada tres años para determinar si se debe activar o no la citada cláusula de cierre. La primera de estas evaluaciones, realizada hace un año, no estuvo exenta de polémica. El organismo fiscalizador consideró que España, incurría en un gasto neto (el gasto bruto previsto en el informe de envejecimiento de la Comisión europea, menos los ingresos extra del sistema por las últimas reformas) del 13,2%, solo una décima menos de lo que la Airef calculó como límite para activar la cláusula de cierre y adoptar medias correctoras, que fijó en el 13,3% del PIB el promedio para el periodo analizado.

De esta forma, España aprobó por la mínima y evitó activar dicho mecanismo automático pero, aun así, la Airef emitió un duro informe en el que detectó “importantes debilidades metodológicas” por las indicaciones dadas por el Gobierno para realizar esta evaluación. Además añadió que, en consecuencia, su examen no constituyó un indicador de sostenibilidad actual del sistema de pensiones.

La principal crítica metodológica de la Airef, compartida en parte por la Comisión Europea, afectaba a cómo contabilizaba el Gobierno español las transferencias de impuestos del Estado a la Seguridad Social para el pago de pensiones, cuya financiación no es suficiente con los ingresos por cotizaciones. Ante esto, Bruselas consideró necesario que la Airef repitiera su examen sobre el sistema español, antes de junio de 2026, como parte de las exigencias de control en el marco del pago de fondos europeos.

En ese escenario, el Ejecutivo espera ahora el resultado de esa nueva evaluación de la Airef. Fuentes de la Seguridad Social esperan que el sistema de pensiones siga aprobando el examen y, al igual que el resultado de hace un año, no exija tomar medidas de recorte de gastos ni aumento de ingresos. De hecho, confían en que la buena marcha de la economía española en general y el aumento de los ingresos por cotizaciones derivados de un fuerte crecimiento del empleo y del PIB compensarán la eliminación de las transferencias del Estado como ingresos en la nueva evaluación.