Detenidas 68 personas e imputadas 98 por fraude de Empleo

La Policía Nacional ha detenido a 68 personas e imputado a otras 98 en una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. En total, los estafadores habían logrado defraudar al erario público por más de dos millones de euros.

Tras investigar un total de 28 empresas ficticias, los agentes han esclarecido 713 delitos de falsificación y estafa y han destapado un fraude de 2.345.867 euros simulando relaciones laborales en los sectores de hostelería, construcción, limpieza, jardinería y mensajería, según informa la Dirección General de la Policía. Entre los implicados se encuentran los administradores mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron su situación administrativa en España gracias al fraude.

La investigación, que se ha desarrollado en el marco del plan contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular desde que hace varios meses ser detectara un importante número de empresas sospechosas en Madrid y Guadalajara, ha tenido éxito gracias al apoyo de otras entidades estatales.

El Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las direcciones provinciales de la Inspección de Trabajo entregaron a la policía documentación clave, cuyo estudio permitió constatar la simulación de la relación laboral entre estas 28 mercantiles y sus trabajadores, que pretendían beneficiarse de tal situación jurídica.

Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades se coordinaron diferentes operativos que han culminado con el arresto de 68 personas y la imputación de otras 98 por diferentes tipos de delitos, entre los que destacan falsedades documentales, estafas y otros cometidos contra los derechos de los trabajadores.

Las denominadas empresas ficticias, entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, eran utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que a cambio de dinero daban de alta en la Seguridad Social. Los administradores de las mercantiles investigadas declaraban realizar actividades laborales en los ámbitos antes mencionados. Así, sus supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social.

De esta forma, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.