Baltasar Garzón denuncia a Boko Haram en la Audiencia Nacional

Baltasar Garzón, como presidente de la fundación internacional en defensa de los derechos humanos y la jurisdicción universal, ha presentado una denuncia contra el líder del grupo islamista Boko Haram ante la fiscalía de la Audiencia Nacional por terrorismo, genocidio y delitos de lesa humanidad. La denuncia ha sido admitida por la fiscalía, que ha iniciado diligencias para averiguar si la jurisdicción española es competente y presentar, en su caso, una querella contra la organización criminal que mantiene secuestradas a más de 200 niñas desde el pasado abril.

El Comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha incluido a Boko Haram en la lista de grupos asociados a Al Qaeda. La organización también comparte objetivos con el Estado Islámico de Irak (ISIS), que secuestró a tres periodistas españoles, ya liberados. "Hay una conexión real y la posibilidad de que estas organizaciones actúen contra intereses españoles y europeos. Por eso pedimos que se abra una investigación", explica Garzón. La denuncia argumenta que Boko Haram es una organización terrorista internacional con capacidad de atentar por si sola o con otras en cualquier país del mundo, incluido España. El exmagistrado de la Audiencia Nacional pide, además, que se investigue la posibilidad de que mercantiles con sede en España hayan sido extorsionadas para financiar a Boko Haram.

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado una serie de diligencias para determinar si la jurisdicción española es competente. En primer lugar, trata de averiguar si existe otra causa similar contra Boko Haram en el mundo, para lo que se ha dirigido, entre otros, al Tribunal Penal Internacional y Eurojust. También se ha dirigido a Naciones Unidas para recabar los informes elaborados sobre el grupo terrorista y a agentes de la policía española en Nigeria para averiguar todo cuanto sea posible sobre cuentas bancarias, transferencias o cualquier otra operación financiera relacionadas con Boko Haram.  

El Gobierno reformó el pasado marzo la ley que regula la jurisdicción universal para limitar su alcance de forma que solo puedan tramitarse las causas en las que las víctimas son españolas o residen en España. Algunos magistrados de la Audiencia Nacional han logrado mantener las causas abiertas cambiando el delito de lesa humanidad por el de terrorismo.