Los jueces reclaman más protección para las víctimas del pederasta

El tratamiento informativo del caso del supuesto pederasta de Ciudad Lineal preocupa a la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid, cuyos miembros se han mostrado consternados por el hecho de que algunas informaciones difundidas en los medios puedan afectar emocionalmente a las menores que han sido víctimas de los presuntos abusos de Antonio Ortiz.

Según informa la agencia Efe, el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ha reconocido que a este respecto existe un pronunciamiento de la Junta de Jueces que se encuentra en fase de redacción antes de ser elevado a la Junta de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la capital. “Durante la instrucción, se exige sigilo para proteger a las víctimas”, ha declarado, añadiendo que hay que actuar con una “norma de reserva” y restringir “la información a lo mínimo indispensable” para no ponerlas en peligro ni a ellas ni a otras partes del proceso.

Viejo se ha referido también a la gran cantidad de imágenes de Antonio Ortiz que han aparecido en los medios de comunicación –la mayor parte de ellas, tomadas de las redes sociales– y cuya difusión podría incidir en las ruedas de reconocimiento, único medio de imputación en la fase de instrucción. Ante ello, el juez decano de Madrid ha adelantado que la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 10 valorarán esta situación.

Por su parte, y a pesar de no haberse referido expresamente al pederasta de Ciudad Lineal, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha afirmado durante la ceremonia de apertura del actual Año Judicial que hay que ser “especialmente cautelosos a la hora de suministrar información a la opinión pública y evitar por todos los medios filtraciones indeseadas de datos que puedan ser reservados o sensibles y que puedan ocasionar un padecimiento añadido a las víctimas”.

Respecto a estas últimas, Moix ha añadido que hay que apoyarlas para que colaboren con la justicia, ya que su labor de identificación es “absolutamente imprescindible”, y que al fiscal, los jueces y los poderes públicos les corresponde ser “muy cuidadosos” para que la colaboración de las víctimas no suponga “un padecimiento añadido” a su sufrimiento.