Jueces europeos acusan al Gobierno de querer “humillar” a Garzón

La asociación de magistrados europeos por la democracia y las libertades (Medel), que solicitó en mayo de 2012 el indulto para el juez Baltasar Garzón, considera que el Gobierno buscaba "humillar" al exjuez de la Audiencia Nacional al denegarle la medida de gracia junto a "personajes famosos por su corrupción incontinente o por su etilismo irresponsable". El Ejecutivo denegó la medida de gracia a Garzón al mismo tiempo que al expresidente balear Jaume Matas (condenado por tráfico de influencias), el exalcalde de Marbella Julián Muñoz (condenado por malversación), el dirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero (condenado por homicidio imprudente) y el torero José Ortega Cano  (condenado por homicidio imprudente). Para Medel, la inclusión del nombre de Garzón en esa lista resulta "una humillación complementaria que no es casual ni irrelevante".

La asociación, que agrupa a 15.000 magistrados, jueces y fiscales de la Unión Europea, considera que la decisión del Gobierno "no tiene explicación política posible" y advierte que "pudiera dar un mensaje equívoco en la lucha contra la corrupción, equiparando a quienes la persiguen con quienes provocan las prácticas corruptas que han resultado en Europa nefastas para el Estado de derecho y causantes, entre otros factores, de la profunda crisis económica". Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas de Gürtel. La acusación particular contra el exjuez de la Audiencia Nacional la componían Francisco Correa, cabecilla de la red, Pablo Crespo, su lugarteniente, e Ignacio Peláez, abogado. Garzón ordenó las escuchas en 2009 después de que la policía le hubiese informado de que abogados de los “máximos responsables” de la trama corrupta podían estar “facilitando el blanqueo y la ocultación de importantes cantidades de dinero”. Dos fiscales Anticorrupción avalaron las escuchas, así como el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, que las prorrogó cuando sucedió a Garzón en la instrucción del caso Gürtel. Ni las fiscales, ni Pedreira recibieron por ello reproche alguno.

Medel ve "innecesariamente vejatorias" las circunstancias en las que se ha producido la denegación del indulto de Garzón, cuya condena siempre han considerado desproporcionada. La asociación recuerda, además, la "prolongada e injustificada dilación" del trámite. Medel presentó la solicitud de la medida de gracia en mayo de 2012. Matas y Ortega Cano presentaron las suyas  en diciembre de 2013.El expediente del exjuez de la Audiencia Nacional estuvo año y medio perdido, sin pasar un solo trámite.

Tras conocer la noticia, Garzón aseguró a este periódico que "nunca" habría aceptado un indulto del Gobierno. "Me denigraría", declaró. El juez, que ahora preside una fundación de defensa de los derechos humanos y trabaja como abogado, nunca solicitó la medida de gracia aunque sí agradeció el gesto de Medel de pedirla para él. La asociación explica en un comunicado que tomó esa decisión al no existir "otro cauce legal previsto para atajar la efectividad de la pena cuya severidad, desproporcionada y excepcional, pesa sobre Baltasar Garzón".