El respeto al derecho

Desde hace años, ciertas autoridades catalanas -autonómicas y municipales- dejan de aplicar el derecho vigente si lo consideran contrario a sus intereses. Cuando conviene no se respetan ni la Constitución, ni ciertas leyes, reglamentos o sentencias. Todo ello dentro de una ambigua impunidad, obtenida a través del silencio, la coacción o el cambalache y defendido, si es necesario, por el aparato mediático-patriótico habitual con argumentos emocionales, no jurídicos. Y si cuela, cuela. Aunque una ley, un reglamento o un acto administrativo, sean inválidos, si nadie los recurre ante un juez o tribunal, se siguen aplicando a menos que sean revisados de oficio. Una situación de este tipo provoca el imperio de la arbitrariedad en lugar del imperio de la igualdad ante la ley, propia de un Estado de derecho.

Está hecho desde una concepción negadora del derecho como instrumento regulador

La política lingüística se ha ido desarrollando así durante más de treinta años. La buena ley de 1983 dejó de cumplirse apenas aprobada; después se ejercieron presiones para que no se interpusieran recursos ante el Tribunal Constitucional a la mala ley de 1998; y, finalmente, tras la torpeza de incluir determinados preceptos lingüísticos en el nuevo Estatuto, se desobedecen las sentencias que dictan los tribunales.

El reciente informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional sobre la situación respecto a la Unión Europea de una hipotética Cataluña independiente, del que habrá que ocuparse con más detenimiento, está elaborado, como tantos otros, con la mentalidad de que el derecho es como un chicle que puede estirarse hasta donde convenga, de acuerdo con la correlación de fuerzas políticas y los intereses económicos en juego. En definitiva, está elaborado desde una concepción negadora del derecho como instrumento regulador de una sociedad, una concepción que considera al derecho como mero instrumento del poder, sin límites que garanticen la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Es aquel funesto concepto de que en derecho todo es interpretable, o sea, todo es posible si hay voluntad política: una frase de moda en Cataluña. La decisión política contra, y a pesar de, la norma jurídica: Schmitt contra Kelsen, otra vez el uso alternativo del derecho. ¡Ay Dios mío! Por ahora gana Kelsen, menos mal. Los juristas de cabecera de la Generalitat quizás sean buenos juristas pero, en todo caso, pierden todos los pleitos: el Estatuto, la declaración de soberanía, la vía del artículo 150.2 de la Constitución para llevar a cabo la consulta. Hasta el Barça, al parecer contagiado de este clima, lo tiene mal ante la FIFA. Me temo que si hacen caso al informe del Consejo de la Transición Nacional, seguirán las derrotas. Y también el ridículo: Europa es una comunidad de derecho.