El juez Castro cita a Camps para declarar por Nóos el 1 de febrero

El juez José Castro ha citado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps para que declare por escrito en Valencia el próximo día 1 de febrero a las 11.00. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ya intentó que Camps testificara el pasado noviembre, pero el exjefe del Gobierno valenciano esquivó la cita para contestar como testigo a las preguntas sobre los contratos de la Administración valenciana con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.

El magistrado se desplazó a Valencia los días 15 y 16 de noviembre para tomar declaración sobre el caso a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al exconsejero valenciano de Economía Gerardo Camps y, por escrito, a Francisco Camps. Pero nadie dio con el expresidente, por lo que la citación tuvo que ser aplazada.

Agentes de la Policía Judicial acudieron en varias ocasiones a su domicilio en Valencia sin conseguir ponerse en contacto con él para que testificara en presencia de la secretaria del Juzgado de Instrucción 3 de Palma. Además, nadie respondió al teléfono que Camps facilitó al juzgado para localizarle.

El expresidente valenciano, que afirmó haber pasado el fin de semana en casa, facilitó al juzgado un móvil del Consell Jurídic Consultiu (CJC), organismo del que es miembro. Durante el fin de semana en que le buscaba el juzgado nadie respondió. Para las notificaciones escritas, también dejó la dirección de la institución consultiva, que está cerrada los fines de semana.

En un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el juez indica que Camps podrá declarar "en el despacho de que disponga en el Consell Jurídic Consultiu de Valencia salvo que previamente señale otro oficial". Lo hará ante la secretaria judicial.

La citación de Camps y Barberá para que fueran interrogados como testigos es consecuencia de una petición del sindicato Manos Limpias, que realizó la solicitud después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) decidiera que no había indicios suficientes para imputar a los dos políticos valencianos por la contratación del Instituto de Urdangarin. Nóos cobró 3,5 millones de euros por la organización de unas jornadas llamadas Valencia Summit y por el proyecto de unos Juegos Europeos que no llegaron a celebrarse.