Izquierda y nacionalistas piden la retirada de la ‘ley Margallo’ de acción exterior

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, tendrá que emplearse a fondo si quiere que el "proyecto estrella" de su departamento, la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado (LASEE), salga adelante con más votos que los del PP. Todos los grupos de la oposición —con la excepción de Unión, Progreso y Democracia (UPyD)— han presentado enmienda a la totalidad de este texto, que pretende ordenar la actividad de las distintas administraciones en el extranjero y garantizar la unidad de la acción exterior.

Auque el PSOE reconoce que la ley viene a llenar un vacío 35 años, ya que la exterior es la única de las grandes políticas públicas que carece de un marco legislativo propio, denuncia el "déficit de consenso" y la gran contestación que el proyecto ha generado incluso en el seno de la carrera diplomática. Para los socialistas, la Ley Margallo no solo no contribuye a reforzar la política exterior española sino que "la debilita y atomiza" y la "deja huérfana de criterios y principios que la puedan regir". El PSOE denuncia la "profunda desconfianza" que rezuma hacia las comunidades autónomas y su "escaso compromiso" con la cooperación al desarrollo.

La invasión de las competencias de las comunidades autónomas es el principal argumento de las fuerzas nacionalistas. Convergència i Unió (CiU) denuncia la "injerencia ilegítima" en ámbitos que el Estatuto de Autonomía reserva a la Generalitat y la instauración de una serie de controles previos (de los viajes al extranjero, la apertura de oficinas o la firma de convenios) que pretenden "encorsetar" la acción exterior del Gobierno catalán. En términos parecidos se pronuncia el PNV, quien cree que al Gobierno le corresponde una "función coordinadora" en la acción exterior, pero no directiva ni de "vigilancia". ERC dice que el Estado utiliza las embajadas "para hacer campaña contra la independencia de Cataluña", BNG considera "abusivo, innecesario e injustificado" el control sobre las comunidades autónomas y Amaiur habla de "vuelta de tuerca" hacia la recentralización del Estado. El grupo de Izquierda Plural es el único que presenta texto alternativo y no solo la retirada de la ley.