La Fiscalía pide 23 años para los piratas que atacaron un carguero de la Armada
El ministerio público rebaja los 1.122 años de cárcel que planteaba el juez Eloy Velasco


Cometieron el que quizá sea el mayor error de su vida. El 12 de enero de 2012, a las siete de la mañana, seis piratas somalíes armados con fusiles de asalto AK-47, un lanzagranadas y cuatro cuchillos de cocina, se dirigieron a bordo de un esquife contra un buque situado a 47 millas al este de las costas de Mogadiscio. Los piratas se pegaron al costado de babor del barco y prepararon una escala con intención de proceder al abordaje. La oscuridad reinante les impidió saber que atacaban al Patiño, un carguero de aprovisionamiento para el combate de la Armada española, que navegaba con 218 militares por aguas del Océano Índico. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para cada uno de ellos 23 años de cárcel, una pena notablemente inferior a los 1.122 que contemplaba el juez instructor del caso, Eloy Velasco.
Al ser descubiertos por uno de los centinelas de la cubierta de popa, los piratas iniciaron un tiroteo contra el buque de guerra, que participaba en la misión Atalanta de la UE contra la piratería. Soldados y corsarios cruzaron fuego durante dos minutos, hasta que el esquife inició la huida y se perdió en la oscuridad a 15 nudos. El comandante del Patiño ordenó que un helicóptero saliera en busca de los delincuentes, que arrojaron al mar sus armas y varias bolsas de plástico. Los piratas no abandonaron su huída hasta que los militares, desde la aeronave, dispararon al aire dos ráfagas de ametralladora.
Al ser detenidos, cinco de los seis piratas presentaban heridas, tres de ellos de bala. El fiscal considera que los hechos constituyen un delito de pertenencia a organización terrorista, penado con seis años de prisión; otro de piratería, con 13 años de cárcel y un tercero de tenencia y depósito de armas, con cuatro años de pena. La rebaja desde los 1.122 años tiene que ver con que el ministerio público no acusa a los corsarios de los 218 delitos de detención ilegal en grado de tentativa que preveía el magistrado Velasco.
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