Las pedanías reivindican su papel contra la despoblación del medio rural

Las pedanías españolas, abocadas a extinguirse como tales por la ley que reformará los Ayuntamientos, consensuaron hoy en León un documento con 12 puntos para defender su carácter de "administración pública con personalidad jurídica y competencias propias". La reforma impulsada por el Gobierno las obliga a extinguirse si no presentan sus cuentas en tres meses, algo que cerca de 3.500 de las 3.720 que funcionan en España no realiza.

Aunque aseguran que son "férreas defensoras de la transparencia y la rendición de cuentas", ven claramente contrario a Derecho la amenaza de su supresión por el hecho de no cumplir a tiempo con "las obligaciones contables o con unos parámetros discutibles de evaluación de sus servicios". En el texto, consensuado por las federaciones de entidades locales menores del País Vasco, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Galicia, exigen a las instituciones "y jurisdicciones europeas el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local, suscrita por España, que garantiza su perviviencia y autonomía como instituciones con un gran arraigo histórico y cultural".

Uno de los puntos del documento aprobado esta tarde se refiere al patrimonio comunal, que pasará a ser gestionado por sus Ayuntamientos de cabecera si la norma sale adelante tal y como la ha planteado el Gobierno. Las pedanías subrayan que  deben seguir manteniendo la "titularidad y gestión" de sus bienes, "incluido el patrimonio el forestal y la regulación del aprovechamiento de los comunales. Para ello también quieren que se garanticen los mecanismos legislativos y reglamentarios para asegurar que las entidades menores "tengan la financiación suficiente y no condicionada", para ejecutar sus competencias.

Finalizan destacando su papel "en cualquier tipo de política que luche contra la despoblación en el medio rural, así como el mantenimiento del medio natural".