Blanco califica la acusación del fiscal de completa fantasía

Tras año y medio de investigación exhaustiva al exministro de Fomento José Blanco por supuesto cohecho —cobrar 200.000 euros de un empresario corrupto, Jorge Dorribo, a cambio favores que nunca se produjeron— y tráfico de influencias —mediar para lograr una licencia ambiental de la nave industrial de un amigo en Sant Boi—, el juez del Supremo resolverá en breve si abre juicio o si archiva la causa. El abogado de Blanco, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer un escrito donde rechaza las supuestas pruebas que el fiscal esgrime y sostiene que son “una completa fantasía”.

» Tráfico de influencias. “El fiscal prescinde de argumentar dónde advierte el prevalimiento, la presión, la instrucción precisa que habría dado Blanco o alguien a sus órdenes al alcalde de Sant Boi (Barcelona) para que la licencia se concediese a despecho de su legalidad. La solvencia jurídica de la pretensión de la fiscalía equivale a cero”. El abogado sostiene que Blanco nunca habló con el alcalde de Sant Boi, y que lo único que hizo fue conseguirle a su amigo empresario que se entrevistase con el alcalde para hablar de la licencia, algo que el regidor hubiera hecho, según declaró al juez, sin mediación alguna.

“El técnico declaró que jamás habló con el alcalde y que nadie le presionó”

» Prevaricación. “Para el fiscal, la prueba de que hubo tráfico de influencias —no encontrándola en ningún otro sitio— es que la licencia se concedió de forma ilegal (...) La prueba de que el fiscal no se debe creer su propio discurso es que no ha impulsado la imputación de quienes dictaron la licencia supuestamente prevaricadora. Si hubo prevaricación, esta habría sido cometida por el propio alcalde, por la comisión de Gobierno de Sant Boi que concedió la licencia y por el técnico que, en el forzado relato del fiscal, habría redactado un informe favorable a la licencia aún a sabiendas de su injusticia. El fiscal no ha impulsado la imputación de ninguno de ellos porque la prevaricación no existe (...)”.

“El técnico, que declaró ante el juez que jamás había hablado con el alcalde y que nadie le había presionado o influido para que cambiara su parecer, propuso la concesión de la licencia una vez comprobado que los defectos subsanables advertidos en un principio habían quedado resueltos (...) Parece hoy poco discutible que la licencia no exigía la instalación de los rociadores inicialmente solicitados, los cuales el Ayuntamiento de El Prat (donde se hallaba otra parte de la nave) llamado a pronunciarse sobre la misma instalación, tampoco requirió.

El escrito del abogado denuncia investigaciones abiertas por la policía que el juez no autorizó y que tampoco hallaron prueba alguna de delitos.