Torres Dulce niega que Bolinaga cumpliera los requisitos de la condicional

La fiscalía de la Audiencia Nacional estudia apelar la decisión del juez de Vigilancia Penal Jose Luis de Castro de conceder la libertad condicional al etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga. Así lo ha confirmado hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce quien espera que haya una resolución en un par de días.El fiscal considera que hasta el momento de la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria no se reunían los elementos suficientes para otorgar la libertad condicional al etarra “ni con los informes médicos forenses ni el informe de tercer grado”.

De Castro decidió el pasado jueves excarcelar por motivos humanitarios a Uribetxeberria Bolinaga ya que padecer cáncer terminal. Uribetxeberria fue condenado a 32 años de prisión en 1998 por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y la muerte de decenas de guardias civiles.

La Fiscalía tiene cinco días laborables de plazo para recurrir el fallo. Torres-Dulce confía en que no se agotará el tiempo estipulado, pero ha reconocido que es un tema “complicado” y que hay que estudiar el caso a fondo.

Respecto a la posible investigación al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por revelación de secretos en la causa en la que se investiga el secuestro del empresario Publio Cordón, el fiscal ha dicho que el dictamen de la fiscalía de la Audiencia Nacional se presentará probablemente mañana. Torres-Dulce, que ya conoce la decisión, ha comentado que la decisión es idéntica en términos de legalidad a lo que ha sucedido en casos similares. Sin embargo, ha rechazado adelantar detalles por respeto al juez Javier Gómez Bermúdez, que lleva la investigación y que desconoce la resolución tomada.

Sobre el tema de los incendios, Eduardo Torres-Dulce, que habló tras participar en un seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, no descarta endurecer las penas por el delito de incendios, pero no por la proliferación de los fuegos –como ha ocurrido en este año– sino por la gravedad de los daños patrimoniales, ecológicos y a la pérdidas de vidas humanas, así como la detección de intencionalidad de algunos de los incendios acontecidos.

Ha explicado que la Fiscalía del Estado ha propuesto que el delito de incendio no sea tratado por un jurado popular sino por jueces profesionales. Y que se reflexiones sobre la conveniencia de endurecer las penas contra los que provocan un incendio teniendo en cuenta lo desproporcionadas que son las penas del Código Penal. “No se puede actuar con la visceralidad de la coyuntura del momento, sino con la perspectiva de que el código penal es la última ratio para enfrentarse a problemas de convivencia”.

Torres-Dulce ha informado de que habrá una reunión el próximo 21 de septiembre entre los fiscales de todas las comunidades autónomas para unificar criterios en torno a los casos de afectados por las participaciones preferentes y mirar “dentro de la legalidad” que se puede hacer. El magistrado se ha reunido además con una delegación de los afectados por las preferentes de Cantabria a quienes ha prometido el apoyo de las diversas fiscalías a las denuncias penales individuales.