Qué no es qué en Interligare

El PP ha aprovechado una información de El Mundo con datos “sin confirmar ni corroborar” para mantener una semana de ataques contra el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Le acusan de haber montado una trama de corrupción mientras estaba en el Ministerio del Interior para beneficiar a la empresa Interligare con sustanciosos contratos. Según esa tesis, Luis Luengo, responsable de Infraestructuras con Rubalcaba, habría regado con contratos públicos a dicha firma, dado que en ella trabajaban dos ex altos mandos policiales: Gabriel Fuentes y Miguel Ángel García Rancaño. Y, a su vez, dicha empresa, cuyas oficinas centrales están junto a la sede del PP en la calle Génova, se habría convertido en “un nido de espías” (en palabras de Alfonso Alonso) para saber todos los pasos de los populares.

Pero un análisis de quién es quién y qué es qué en este asunto, pone en evidencia que los informes en los que se basa el PP contienen algo más que datos sin corroborar ni confirmar pero de fácil constatación

Una candidata del PP. El investigador policial y el periódico que difunde el supuesto escándalo, obvian aspectos que chocan con la idea de que se era un chiringuito socialista. La empresa se funda en 2004 y una de sus accionistas mayoritarias es Jacqueline Tibisay Moro Albacete, candidata del PP por Aranjuez (Madrid) en las elecciones municipales de 2007. El primer contrato con Interior se produce en 2006, cuando el director general supuestamente compinchado con Interligare aún no ha sido nombrado por Rubalcaba. El resto de los contratos son, o de mantenimiento, o sugeridos por la subdirectora general debido a la especialización de Interligare. Luengo promete que no conocía al dueño de Interligare y que fue él quien acabó cortando la relación con la firma. Además, su hijo, que trabajó para la firma, ganó una demanda contra Interligare porque no le pagó ni sueldos ni los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de sus viajes.

Los exmandos policiales. Supuestamente dos ex cargos policiales del Ministerio del Interior con Ángel Acebes formaban parte de la trama corrupta, ya que estuvieron durante un año en el Consejo de Administración de Interligare. Primero, Rancaño y Fuentes ya no estaban en la policía cuando Rubalcaba es nombrado ministro. Segundo, a Rancaño le fichan como consejero cuando, como jefe de seguridad de La Caixa, ya ha tenido contactos con Interligare e incluso esta empresa ha trabajado para La Caixa.

Los amigos íntimos de Interligare que no se conocen. Para que la trama de corrupción tenga más consistencia, se añade un párrafo que habla de que el dueño de Interligare, José Luis Martín Juárez, es “amigo íntimo del círculo de confianza del exministro José Blanco” o, directamente, “amigo íntimo” de Blanco en las últimas publicaciones. Blanco promete que no conoce de nada al dueño de Interligare ni nunca ha hablado con él.

El espionaje. Los investigadores colocan un párrafo en su informe de Interligare donde sugieren, “con informaciones no corroboradas ni confirmadas” que esta empresa podría espiar al PP dado que su sede está próxima a Génova 13. El periódico que difunde el supuesto escándalo lo complementa con más elucubraciones: Interligare podría tener un sofisticado aparato que cuesta un millón de euros y que graba conversaciones telefónicas en un radio de 500 metros. Lo que es una elucubración sin un solo dato que la sostenga se convierte, en boca de los portavoces del PP, es “un nido de espías” junto a la sede del partido por lo que Rubalcaba tiene que explicarse. Y se cita el supuesto espionaje que denunció Dolores de Cospedal por una conversación de ésta que difundió Cuatro. El PP fue informado en su día por altos responsables de esa cadena de que fue Granados el que contó a un periodista el contenido exacto de la conversación que Cuatro transcribió. Y los propios autores del informe aseguran ahora que de espionaje no tienen ni idea, que era solo una posibilidad sin investigar.

Llega Asuntos Internos. El jefe policial responsable del informe sobre la trama corrupta en Interior y el espionaje al PP se salta a sus superiores para su trabajo. Asuntos Internos le abre un expediente y el asunto acaba en un juzgado de Plaza de Castilla por los supuestos delitos de extorsión, amenazas y revelación de secretos. Ni la policía ni ningún juez ha procedido contra Rancaño o Fuentes, que aseguran que en el expediente de Asuntos Internos referido a ellos no se les achaca la participación en ningún delito. Barrado, además, supuestamente amenazó a Pedro Agudo, mano derecha de Cosidó en la policía, por no ascenderle ni darle medallas por haber hecho un trabajo del que Agudo estaba al cabo de la calle.