Blindaje contra desvíos

El Gobierno se ha aplicado en armar un blindaje legal contra cualquier desviación en los objetivos de déficit y deuda de las Administraciones en general, y de las comunidades en particular. Las propias autonomías, incapaces de reducir el déficit en los dos últimos años, facilitan la justificación. Pero es la desconfianza de la troika (BCE, FMI, CE), tan influyente en tiempos de rescate, la que explica normas tan estrictas como la reciente Ley de Estabilidad. O la reforma constitucional, de septiembre de 2011, que la ampara.

Los Ejecutivos autónomos, tan espléndidos con algunos gastos en los tiempos de bonanza, se ven ahora obligados a meterse en un traje presupuestario cortado por un único patrón, varias tallas más pequeño. Pero gestionan las competencias en las que mejor se visualiza el ajuste. Y las consecuencias de la rigidez normativa.

La Generalitat catalana no ha tenido ninguna capacidad de negociar con los bancos a los que debía devolver 424 millones en julio porque una nueva norma obliga a pagar la deuda antes que nada. Resultado: los que han dejado de ingresar el dinero para pagar nóminas y proveedores son escuelas, hospitales y centros asistenciales.

La Junta de Andalucía también ha aireado el cierre de colegios y hospitales al que le obligaría el nuevo límite de deuda que le ha impuesto Hacienda. La Junta defiende que, en mayo, le dieron luz verde a un endeudamiento para 2013 superior en 2.700 millones al que se le concedió el martes. Hacienda rebate que aplica los mismos criterios para todas las comunidades y que es ahora cuando se definen los nuevos techos de deuda autonómica.

La cuestión es que los criterios que aplica Hacienda no pueden ser más estrechos. Que no da opción a las comunidades más cumplidoras para endeudarse y estimular la economía con operaciones financieras (créditos para inversiones, avales para facilitar préstamos a empresas) con un nulo o mínimo impacto en el déficit. Su rechazo a ceder a las comunidades parte del margen ganado en Bruselas para ajustar el déficit es otra muestra de un discurso duro, el mismo que reclama desde hace años la troika.

En las críticas de Cataluña y Andalucía hay mucho de cálculo político. Como lo hay en la reunión de Rajoy con sus barones para evitar disidencias en comunidades con las mismas o más razones para la queja. Al conflicto, las comunidades llegan muy debilitadas por el cierre de los mercados financieros, por la dependencia del Gobierno, también por su historial más reciente. Habrá más noticias sobre hospitales, escuelas y centros sociales.